La digitalización de la Administración Pública es un proceso clave que transforma la forma en que los gobiernos gestionan y prestan servicios a los ciudadanos. A través de la incorporación de tecnologías digitales, como el uso de plataformas en línea, bases de datos electrónicas, inteligencia artificial y herramientas de automatización, se busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios públicos.
Este proceso no solo facilita la interacción de los ciudadanos con las instituciones gubernamentales, sino que también permite una gestión más ágil de los recursos y una mayor rendición de cuentas. Además, la digitalización tiene el potencial de reducir la burocracia, optimizar los procedimientos administrativos y fomentar la innovación en la gestión pública, lo que contribuye al desarrollo de sociedades más inclusivas y sostenibles.
Sin embargo, su implementación exitosa requiere de una infraestructura tecnológica robusta, políticas de ciberseguridad adecuadas y un enfoque centrado en el usuario, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de estos avances.
Esta evolución en las comunicaciones ha demostrado cómo la tecnología puede optimizar la relación entre la Administración y la ciudadanía, agilizando trámites y mejorando la calidad del servicio. Pero la transformación digital no se detiene aquí. La inteligencia artificial (IA) en su rápido proceso de desarrollo ya está impactando, como en otros campos de la gobernanza, en la forma en que los organismos públicos gestionan sus procesos y servicios.
Lejos de ser una mera herramienta tecnológica, la IA representa una oportunidad para reinventar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, con el objetivo de crear instituciones más eficaces, accesibles y orientadas a resolver problemas reales. Pero como toda revolución, plantea retos, y en esta ocasión se trata de cómo implementar esta tecnología siguiendo criterios éticos y responsables.
Cuando interaccionamos con chatbots o asistentes virtuales, no solemos asociarlos a la inteligencia artificial, porque la realidad es que cada vez son mejores y ofrecen respuestas más precisas gracias, precisamente, a la IA. Sin embargo, este no es ni el único ni el mejor caso de uso. Existen ejemplos con un mayor impacto en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, como la automatización de procesos en la emisión de documentos o la gestión de solicitudes burocráticas, que reduce significativamente los tiempos de espera y libera recursos para labores estratégicas, de forma que el funcionariado pueda dedicarse a actividades que aportan un mayor valor. Asimismo, en países multilingües como España, la traducción instantánea de documentos administrativos puede mejorar notablemente la accesibilidad de los ciudadanos y también su experiencia de uso.
Más allá de una mejor gestión
La optimización de procesos suele estar en el top of mind de los casos de uso de la IA. Sin embargo, existen otras aplicaciones que ya están abriendo nuevos horizontes en campos esenciales.
La salud pública es uno de ellos, especialmente en la detección de enfermedades y en la predicción de posibles brotes epidémicos, mejorando ampliamente el margen de tiempo para la toma de medidas proactivas que protejan a la población. Además, en el ámbito de la telemedicina, está contribuyendo al diagnóstico de enfermedades a distancia mediante el análisis de los síntomas registrados por los pacientes. De esta forma, se alivia la carga de los sistemas sanitarios y se mejora el acceso a la atención médica en zonas remotas.
Por otra parte, la IA tiene un gran potencial para convertirse en la principal aliada de la Administración Pública en la gestión de emergencias. Con sus sistemas de predicción, se pueden analizar los datos meteorológicos y geológicos para anticipar fenómenos naturales: terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios, etc., de forma que puedan instalarse sistemas de alerta temprana que pongan a salvo la vida de los ciudadanos.
La Inteligencia Artificial también está transformando la seguridad en las ciudades, redefiniendo estrategias para prevenir los delitos y aumentar la protección. Se pueden implementar algoritmos que analicen datos históricos para predecir qué zonas tienen una mayor probabilidad de experimentar incidentes delictivos, lo que facilitaría una distribución más eficiente de los recursos policiales y una mayor prevención de situaciones de riesgo.
Una idea similar es aplicable también a la movilidad y la gestión del tráfico. Por ejemplo, el análisis de datos históricos de tráfico y crecimiento poblacional permitiría, por una parte, anticipar futuras necesidades y, por otra, diseñar infraestructuras más eficientes y sostenibles. Pero, no solo eso, con la IA también es posible optimizar el tráfico urbano con el análisis de datos en tiempo real a través de cámaras y sensores, ajustando los semáforos y las señalizaciones para mejorar la fluidez de vehículos. Todo ello se traduciría en menos accidentes, una reducción del número y duración de los desplazamientos y en consecuencia, una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a los objetivos de descarbonización adquiridos por los organismos públicos.
Soluciones basadas en IA son aplicables también para el ahorro de costes. Imaginemos que incluso sea capaz de disminuir la contaminación lumínica. ¿Y si solo se ilumina un espacio cuando pase gente? Es posible modular la energía optimizando la iluminación, se pueden ahorrar y reducir las emisiones de CO2 el equivalente a 6 veces la iluminación del Parque del Retiro en Madrid.
Un camino de colaboración
No hay duda, la IA tiene un potencial transformador sinigual, si bien es cierto, que su despliegue en la Administración Pública requiere de una estrecha colaboración público-privada. En este sentido, el gobierno es el que más de cerca puede conocer las necesidades ciudadanas, mientras que el sector privado es el que puede desplegar la innovación tecnológica y la capacidad de escalar las soluciones. Están destinados a entenderse.
Aun así, el uso de la IA en la Administración plantea un reto significativo: la gestión responsable de los datos, crucial para proteger la privacidad de la ciudadanía, y la transparencia en las decisiones automatizadas, para evitar y corregir posibles sesgos o desigualdades. Además, esta tecnología debe ser accesible para todos, de forma que contribuya a reducir la brecha digital y no a aumentarla.
Por todo ello, con el uso de la IA se puede lograr que los organismos públicos sean más eficientes y accesibles, y con las personas en el centro. De forma que, con ingredientes como una visión a largo plazo que combine ética, tecnología y colaboración público-privada podamos construir un futuro en el que la inteligencia artificial esté de verdad al servicio de una sociedad mejor.
