El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes está emprendiendo numerosos proyectos tecnológicos. Así lo asegura Aitor Cubo, Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, en una entrevista con Innovaspain tras su participación en Madrid en Govtech 4 Impact Congress.
En el ministerio encabezado por Félix Bolaños llevan a cabo “una decidida apuesta” por la digitalización de los procesos en el ámbito de la Justicia. Estas acciones se articulan en torno a una serie de líneas estratégicas sustentadas en el marco jurídico definido tras la aprobación del Real Decreto Ley 6/2023.
Uno de los ejes prioritarios es la eficiencia en la justicia y la interoperabilidad en todo el territorio del Estado. “En ambos casos, la transformación tecnológica es una pieza crucial”, afirma Cubo. “Trabajamos desde el respeto a las competencias y a los distintos sistemas de información existentes. Podemos decir que hemos conseguido que los diferentes sistemas operativos del ámbito de la Justicia en España intercambien información y dialoguen entre sí”. Así lo ejemplifica el portal de datos datos.justicia.es , donde convergen todas las CCAA, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y, “por supuesto”, el Ministerio.
Vocación de servicio
“Por otro lado, estamos centrados en la ciudadanía y en dar una vocación social y de cercanía a la Justicia, ya que la entendemos como un servicio público que permita mejorar la vida de las personas. Prestamos una especial atención a los casos de mayor necesidad o vulnerabilidad para asegurar la igualdad efectiva”.
Aitor Cubo detalla que, en está línea, cuentan con proyectos como Carpeta Justicia (que centraliza en un único punto todos los recursos disponibles en la Administración de Justicia) e impulsa los medios alternativos de solución de controversias (MASC), para potenciar la negociación y mediación entre las partes a fin de encontrar soluciones dialogadas previas a la vía judicial.
Mayor eficiencia
Un tercer pilar de esta transformación está vinculado a las oportunidades que surgen para mejorar la eficiencia a través de la implementación de soluciones innovadoras. “Estos desarrollos nos están ayudando a superar todo tipo de brechas de acceso a la Justicia”, explica Cubo.
El ministerio lidera “proyectos pioneros” en automatización de procesos , reconocidos a nivel nacional y europeo. “Para que nos hagamos una idea: hemos automatizado más de 8,5 millones de operaciones. El ahorro estimado es de más de 400.000 horas de trabajo al personal funcionario, que ha podido dedicar su tiempo a tareas de mayor valor”.
Licenciado en Ingeniería Informática y en Psicología, Cubo insiste en que el objetivo que persiguen es poner las tecnologías al servicio de procedimientos “más ágiles, una Justicia más rápida y, con ello, una sociedad más justa y un país más competitivo”.
La inteligencia artificial es otra pieza ineludible en el nuevo tablero de juego. “Su papel es cada vez más relevante en la transformación de la Justicia. Hemos desarrollado sistemas de inteligencia artificial generativa. Nos resulta útil para obtener resúmenes en lenguaje claro de textos jurídicos. De este modo, mejoramos la comprensión para que cualquier persona pueda entenderlos sin necesidad de tener conocimientos jurídicos”.
Estrechar lazos
El experto admite que el proceso de digitalización de la Justicia no puede entenderse “sin cooperación y diálogo”. El ministerio a instaurado el modelo de cogobernanza dentro y fuera de las fronteras españolas, tanto a nivel institucional como con la empresa privada, la ciudadanía y colectivos profesionales.
En el ámbito doméstico, trabajan con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y con las CCAA con las competencias de Justicia transferidas en el marco del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. “En ese foro acordamos por consenso materias tan relevantes como el reparto de los 410 millones de euros de los fondos europeos que hemos destinado a la Justicia”.
Dentro de un contexto colaborativo, Aitor Cubo se detiene en la creación de espacios de interlocución con profesionales del sector, empresa privada y ciudadanía gracias al Foro de Transformación Digital de la Justicia.
En otros ámbitos llevan a cabo iniciativas con otras administraciones, como Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) o la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El resultado es el desarrollo de distintas herramientas, entre las que se que encuentran el sistema Cl@ve el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID).
Europa y América
“Creo que es importante subrayar que España es referente internacional en transformación digital de Justicia. Esa posición genera numerosas oportunidades”, argumenta Aitor Cubo. El ministerio participa “activamente” en grupos de trabajo con la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la OCDE. “Somos el primer país de la UE que ha intercambiado información de antecedentes penales a través del sistema ECRIS, lo que nos sitúa como pioneros en interoperabilidad internacional. Además, hemos sido los primeros en remitir una Orden Europea de Investigación por esta vía”.
Actualmente, el ministerio está trabajando, junto con el resto de estados miembros y la Comisión Europea, en digitalizar 27 instrumentos de cooperación jurídica internacional, “lo que podría suponer un impulso sin precedentes en este ámbito”.
En el caso de América Latina, Aitor Cubo indica que mantienen “importantes colaboraciones”. Entre otras cosas, trabajan en el impulso del intercambio electrónico de antecedentes penales entre países. Por otro lado, el ministerio lidera, en el módulo de transformación digital de la justicia, el primer proyecto de hermanamiento de la Unión Europea, que se realiza con República Dominicana.
Motor emprendedor
Otro imperativo al que obliga el ritmo de los tiempos actuales pasa, a su juicio, por estrechar la colaboración público-privada. “El Foro de Transformación Digital de la Justicia se ha consolidado como herramienta estratégica para impulsar la transformación digital del servicio público de Justicia, con proyectos compartidos entre las administraciones, ciudadanía y sector privado”, detalla Cubo. Desde 2022 trabajan en torno a cuatro líneas de actuación y se han conformado 9 grupos de trabajo, con más de 500 participantes donde han sido valoradas más de 450 propuestas.
El ministerio colabora con el Principado de Asturias en el desarrollo de un laboratorio de innovación abierta; Legal&Justicia Tech Lab. El ente público planteó 11 retos y se abrió la posibilidad para que empresas asturianas presentaran soluciones para su articulación de forma ágil a través de contrataciones a corto plazo. Recibieron 30 ofertas, se realizaron 4 contrataciones y ya trabajan en la próxima edición que tendrá lugar este año. “Estas iniciativas, apoyadas no solo en grandes compañías tecnológicas, sino fundamentalmente en pymes, autónomos y startups, están demostrando ser muy valiosas y una oportunidad para explorar las últimas innovaciones tecnológicas en el ámbito legal”, asegura Aitor Cubo.
Un cambio cultural
Todo este entramado maneja dos variables que se retroalimentan y a las que Cubo otorga una importancia similar: los servicios al ciudadano y la capacitación de personal. “Tenemos muy claro que nuestro foco está en las personas que se relacionan con la Administración de Justicia. Somos muy conscientes de que la transformación digital debe abordarse de manera inclusiva y considerando la diversidad de habilidades y conocimientos de la ciudadanía”.
El experto opina que enfocar el proceso de digitalización desde este punto de vista, “que resulta muy novedoso”, nos lleva a un modelo que tiene especialmente en cuenta “el bienestar y las necesidades de los colectivos más vulnerables”. Según Aitor Cubo, en el ministerio son conscientes de que los cambios tecnológicos “siempre van a acompañados de un cambio cultural que hay que superar con formación y difusión de información”.
En este sentido, están diseñando programas de capacitación “que contribuyen a gestionar esos cambios y sacar el mayor partido a las competencias digitales de los profesionales de la Justicia y usuarios de los órganos judiciales”. Cubo habla de una inversión que, en conjunto, asciende a casi 30 millones de euros. “Nuestro compromiso con la digitalización de la Justicia es indudable en todos los ámbitos”.
