En América Latina, las mujeres aún enfrentan restricciones en su acceso a la justicia: en ocho países, las normas procesales en los tribunales y cortes no consideran los intereses particulares de las mujeres. Ellas representan el 61 % de la población que dice no tener confianza en el sistema judicial. Este es uno de los datos que revela el informe Índice de Instituciones Sociales y Género 2019 (SIGI) presentado este jueves en Madrid por el Centro de Desarrollo de la OCDE, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).
“Todos los estudios muestran que, si eliminamos las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a tener un crecimiento más dinámico e inclusivo, más equidad y menos pobreza”, ha asegurado la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. Según el estudio, una reducción gradual del nivel de discriminación podría aumentar la tasa de crecimiento anual del PIB de América en 0,4 puntos porcentuales para 2030. Los 400.000 millones de dólares que pierde corresponden a pérdidas de ingresos regionales asociadas con los niveles actuales de discriminación de género en las instituciones sociales (se miden en términos de los ingresos reales en 2017 según la paridad de poder de compra actual).
De acuerdo con el SIGI 2019, el nivel de discriminación en las leyes, costumbres y normas sociales en Latinoamérica es del 25 %, mientras que en Europa, la región con la mayor igualdad según el índice, es del 17 %. Además, en la región las mujeres dedican más de cuatro horas y media a las tareas domésticas o al cuidado de los hijos mayores (tres veces más tiempo que los hombres). En España, esta proporción es de 2-2 horas, según la OCDE.
“El SIGI hace un llamado a no dejar a ninguna mujer ni niña atrás, la débil implementación de las leyes y la persistencia de normas sociales discriminatorias son los principales obstáculos para alcanzar la igualdad de género de aquí a 2030 en América Latina y el Caribe”, ha afirmado por su parte Bathylle Missika, jefa de la división de Redes, Alianzas e Igualdad de Género del Centro de Desarrollo de la OCDE.
La tejedora Elisa Cuchupoma ha relatado que, cuando se acercó a “Palabra de Mujer”, la entidad peruana de la Fundación FMBBVA, con la que 90.000 mujeres en vulnerabilidad económica y social han podido acceder a un crédito grupal, lo primero que le llamó la atención fue que no le pidieron un aval de su marido para pedir un crédito.
La agricultora Benita Hernández, también apoyada por la FMBBVA, ha viajado desde su tierra, República Dominicana, para contar su experiencia. La mujer de 63 años empezó ayudando a otras emprendedoras a acceder a créditos y ahora trabaja en una asociación que impulsa el acceso de campesinas a la propiedad de la tierra. “Las mujeres dominicanas no son propietarias por desconocimiento. Les falta información: no saben qué documentación necesitan y, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen un documento de identificación, que es el primer paso para acceder a la titularidad de la tierra”, ha explicado. Según el informe, seis países de la región todavía no cuenta con leyes o políticas que faciliten el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra.
Por otra parte, el embajador y representante permanente de España ante la OCDE y presidente del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, Manuel Escudero, ha asegurado que en España “se ha progresado mucho en el marco normativo para alcanzar la igualdad de género en el ámbito familiar y en el laboral” pero también ha destacado que siguen existiendo desafíos “para poner fin al flagelo de la violencia machista contra las mujeres”.
