Ametic, junto a Adigital, ha hecho llegar a los diferentes grupos parlamentarios y a la Comisión Europea su “profunda preocupación” por la inclusión, vía enmiendas, de un título sobre derechos digitales en la tramitación del proyecto de Ley de Protección de datos.
“La industria tecnológica que representamos –indican–, no se opone en modo alguno a abordar los derechos y libertades en el mundo digital. No obstante, este asunto es de tal trascendencia, que precisa de una reflexión sosegada y profunda en la que tenga cabida la opinión de la sociedad civil, los órganos consultivos del Estado, la academia y la de los sectores interesados”.
Según Ametic, la promulgación de una Ley sobre una materia “que está generando un intenso debate en todo el mundo” no debería hacerse en el marco de la tramitación parlamentaria de una Ley cuyo objeto es “adaptar la legislación española al Reglamento Europeo de Protección de Datos”, especialmente debido a que la inclusión por medio de enmiendas durante la tramitación en el Congreso limita el debate y la participación de la sociedad civil.
“Consideramos que abrir el debate de los derechos digitales durante la tramitación de esta norma va más allá del objeto establecido por dicho Reglamento. Asimismo, la defensa de estos derechos merece ser debatida por toda la sociedad. Debemos recordar que los derechos que se abordan en esta propuesta de Ley ya se encuentran defendidos y garantizados en la normativa europea y nacional y que ya son de aplicación en el ámbito digital”, aseguran.
Asimismo, en Ametic se hace referencia “de manera poco precisa y homogénea” a conceptos que no son del todo equivalentes como ‘proveedores de servicios’, ‘servicios de Internet’, ‘operadores, plataformas y proveedores de servicios y contenidos’, ‘responsables de redes sociales, redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes de la sociedad de la información’ sin que estos conceptos deriven directamente tampoco necesariamente de otras leyes especiales.
Por otro lado, diversos de los artículos incorporados se solapan con el Reglamento de Protección de Datos o con derechos regulados en la legislación española, como ejemplo el derecho de rectificación y el derecho al olvido, y que, por tanto, ya son de aplicación en el ámbito digital. “Todo ello podría dar lugar a confusión en la aplicación de estos derechos –subrayan, y se corre el riesgo de llegar a una fragmentación de la regulación de protección de datos en la Unión Europea, diametralmente opuesto a la intención del Reglamento”.
