MURCIA
Participación e intervención ciudadana como garantes de la transparencia
Julio Huete
En 2019 la Región de Murcia ratificó el compromiso adquirido con Transparencia Internacional España –asociación que busca desarrollar actuaciones para incrementar la apertura informativa de las distintas instituciones públicas españolas para conocimiento de la ciudadanía–. El objetivo de la Región es reforzar la confianza ciudadana en las instituciones mediante la supervisión de expertos que hacen de observadores independientes y que se encargarán de supervisar el concurso, la adjudicación y la ejecución de los contratos.
“Se trata de ofrecer una garantía e información total a los ciudadanos de las decisiones que van tomándose desde el Gobierno Regional”, explica el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano. De hecho, para el responsable se trata de mucho más que un acuerdo. “Va más allá de lo que exigen las leyes de transparencia; gracias a los Pactos de Integridad prevenimos las malas prácticas”, sostiene.
Estos pactos son un mecanismo de rendición de cuentas que articula la participación de la sociedad civil en un proceso de contratación pública determinado, a través de un tercero que supervisa y controla la integridad y la posterior ejecución del contrato público. El Pacto establece los compromisos que adquieren la Administración y las empresas licitadoras de mantener una conducta íntegra y ser lo más transparente posible en el proceso de contratación en el que participan, desde la redacción de sus pliegos hasta su adjudicación y ejecución.
De este modo, la Región se compromete a fomentar una contratación ética, eficiente y socialmente responsable, algo que recogía el anterior convenio de colaboración que Lizcano valora positivamente. “El Gobierno Regional ha cumplido la gran mayoría de los compromisos puestos sobre la mesa en 2016 en materia de transparencia, datos abiertos y buen gobierno. Hay que seguir por este camino”.
Los Pactos de Integridad son un mecanismo de rendición de cuentas que articula la participación de la sociedad civil en los procesos de contratación pública
Varios ejemplos sustentan su optimismo, como la publicación de los informes de morosidad previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los informes incluidos en los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, la identificación y retribuciones percibidas por los máximos responsables de los entes del sector público regional, las declaraciones de bienes, intereses y actividades de los altos cargos de la Comunidad Autónoma, la elaboración y publicación de secciones temáticas específicas en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia, la política existente en materia de archivo o eliminación de documentos; el uso de formatos de fácil comprensión y reutilizables y la formación en Gobierno Abierto a los empleados públicos.
Plataforma de Participación Ciudadana
Con el convenio se pretende también avanzar en el compromiso de publicación de datos abiertos. En este sentido, la Plataforma de Participación Ciudadana se ha convertido en una de las herramientas más útiles. Se trata de un espacio web para que los ciudadanos de la Región puedan participar en los procesos de decisión sobre asuntos de interés público, como por ejemplo el diseño y puesta en marcha de leyes e iniciativas. Esta plataforma incluye también un apartado de presupuestos participativos, donde los ciudadanos deciden en qué se gasta una parte de sus recursos.
“La integridad de las administraciones es una realidad incuestionable que debe ser protegida a toda costa”, asegura el presidente de la Región, Fernando López Miras, que critica que “hoy los ciudadanos han perdido, en buena medida, su confianza en las instituciones, y aunque hace ya tiempo que están en marcha medidas que evitarán que nadie puede volver a cuestionar el buen funcionamiento de éstas, es necesario seguir avanzando”.
Uno de los momentos más relevantes del año para la Comunidad en torno a esta transparencia reclamada por López Miras fue la jornada ‘Transparencia, Ética e Integridad en las Administraciones Públicas’ que el propio presidente –que también es el máximo portavoz en materia de transparencia y buen gobierno tras el nombramiento de Noelia Arroyo como vicealcaldesa de Cartagena– inauguró.
Allí anunció algunos de los planes de su gobierno, entre los que destaca el anteproyecto de ley de los presupuestos para 2020: incluiría una disposición final que plantea modificar la Ley de Hacienda de la Región de Murcia con el objetivo de racionalizar la estructura administrativa. En concreto, y según explicó en la jornada el presidente, “se trata de un sistema de supervisión continua de los entes públicos, comprobando si persisten los motivos por los que en su día se justificó su creación, si siguen siendo sostenibles financieramente y si son el medio más idóneo para conseguir sus fines y no existe ningún tipo de duplicidad”.
Buscamos impulsar una cultura de evaluación, además de facilitar y potenciar la participación ciudadana en torno a estas la mejoras
Control para la calidad
En febrero de 2019, el Gobierno de la Región aprobaba el sistema de integridad institucional y el código de conducta de los altos cargos. O dicho de otra manera, una apuesta por la difusión y formación en valores éticos. Esta medida fue consolidada en noviembre del mismo año con el proyecto ‘Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos’. Su objetivo es trabajar como herramienta para llevar a cabo un análisis en profundidad de los procedimientos y trámites que permitan suprimir o aligerar cargas administrativas que dificultan las gestiones de los servicios a los ciudadanos y mejorar y agilizar los trámites interadministrativos en el seno de la Administración regional.
Según explica la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, “buscamos impulsar una cultura de evaluación, además de facilitar y potenciar la participación ciudadana en torno a estas la mejoras”. Al mismo tiempo, el gobierno informará informará periódicamente sobre el nivel de calidad con el que se prestan los servicios públicos para contribuir a mejorarlos.
Educar en transparencia
En su estrategia por fomentar la transparencia y el buen gobierno, la Región considera que la educación es un paso previo fundamental para alcanzar los objetivos. Por ello ha puesto en marcha el Programa Iris, dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años. “Actualmente, uno de los compromisos más importantes de los gobiernos democráticos consiste en diseñar instituciones públicas que alienten la vocación política de la ciudadanía, sus disposiciones cívicas y la generación de conocimiento relevante”, reza la carta de presentación del programa.
Con la idea de que las instituciones públicas son índices de los acuerdos que regulan la vida en común, pero también de la inteligencia que atesora una sociedad, el proyecto Iris tiene como misión trasladar la renovación democrática a las aulas, ya que, como sostiene el Gobierno, “la educación debe estar orientada al conocimiento y la reflexión sobre los valores y las instituciones que ordenan el sistema democrático”.
