España será el primer país en probar el funcionamiento efectivo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Así lo anunciaba esta mañana Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e inteligencia Artificial. Lo ha hecho durante el ciclo de encuentros de los Programas de Liderazgo Público y Corporativo en Emprendimiento e Innovación, organizado por Deusto Business School e ICADE Business School. Durante la jornada,en la que también ha participado Marta Gil de la Hoz, Directora General de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de Sacyr, Artigas destacaba que España es uno de los países que más se ha preocupado por el impacto social de los algoritmos y las implicaciones éticas de la tecnología.
De este modo, y tras obtener la aprobación de la Comisión Europea, a partir de junio España será pionero en aterrizar “una legislación muy bien diseñada” al convertirla en algo aplicable para las empresas “pensando sobre todo en las pequeñas”. La secretaria de Estado aboga por terminar con los problemas ligados a la introducción de estas nuevas normativas, como los vividos tras la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
“Vamos a testar qué significa aplicar el reglamento, cómo se auditan los algoritmos o qué tenemos que pedir a las empresas”. Artigas añadía que en su área serán “muy proactivos” a la hora de medir todos estos impactos (en una auditoría que trasladarán a Bruselas) y que invitarán a la industria a participar activamente en el proceso a través de distintos sandbox.
Un movimiento único en el mundo
En la misma línea, la responsable pública ha avanzado que España será el primer país en contar con una Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, un compromiso que la Secretaría de Estado que encabeza espera ver cumplido antes de que concluya 2022.
“No podemos permitir que la tecnología se desarrolle sin ninguna cortapisa”, aseguraba Artigas. “La nuestra es una generación transitoria, a caballo entre dos revoluciones: una cuyo modelo ya no funciona y otra que está por definirse. Al reto de la sostenibilidad y el cambio climático tenemos que sumar otro reto generacional: el de resolver los dilemas éticos de la tecnología. Si no lo hacemos ahora, no habrá segunda vuelta. Y estos procesos deben ser compatibles con el desarrollo de la innovación”.
Respecto a este último punto, Carme Artigas celebraba el equilibrio que aportan legislaciones como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. “No regulan la tecnología, sino sus usos, para que, por ejemplo, el metaverso, no evolucione sin control hasta el punto en que posibles efectos nocivos sean irreversibles”.
En un debate “que empieza ahora”, Artigas opina que España va un paso por delante en la creación de una conciencia colectiva alrededor de los riesgos la inteligencia artificial. Así lo corroboran el lanzamiento de la Carta de Derechos Digitales, la Ley Orgánica de Protección de Datos o los esfuerzos en la promoción de la transparencia algorítmica. “El camino acaba de empezar, pero es imprescindible. Todos miran hacia Europa, y esperan que nos salga bien. La grandes plataformas, corporaciones y empresas saben que no podrán prescindir de un mercado como el europeo y que tendrán que cumplir con el nuevo reglamento”.
Colaboración a todos los niveles
Con los planes de recuperación europeo y español operativos, Artigas ha destacado lo ambicioso de medidas como el programa Kit Digital, con el que más de un millón de empresas podrán acceder a 3.000 millones de euros para acometer su transformación digital, o la importancia de desplegar con toda la rotundidad el Plan Nacional de Competencias Digitales, sobre todo en la segunda mitad del presente año.
En materia de cooperación, la secretaria de Estado detallaba su voluntad y la de su equipo por consultar al sector pertinente antes de tomar decisiones de calado. Así asegura que ha ocurrido con la Carta de Derechos Digitales o con la futura Ley de Startups. “Somos conscientes de que ahí fuera hay gente mucho más lista que nosotros. El país no puede depender solo del acierto de los que estamos al frente del mismo, sino de su inteligencia colectiva. Y debemos ser capaces de canalizar propuestas. Abogamos por la colaboración en todos los ámbitos”.
La fuerza de los PERTEs
La economía digital representa ya un 22 % del PIB español. El objetivo marcado por Europa pasa por llevar esa contribución hasta el 40 % en 2030. Carme Artigas opina que la buena marcha de estos progresos está sujeta a acciones verticales, con los PERTEs a la cabeza. Macroproyectos liderados por grandes corporaciones en sectores estratégicos -naval, economía de la lengua (del que hablamos hace unos días en Innovaspain), microchips, aeroespacial, cuidados o hidrógeno verde- que arrastrarán a empresas más pequeñas y a otros agentes de la I+D.
Carme Artigas cerraba el círculo de vínculo público-privado al aludir al lanzamiento del fondo de inversión de capital riesgo Next Tech. 4.000 millones de euros (50 % de aportación pública y otro tanto procedente del ámbito privado) destinados a scale-ups en los próximos cinco años. “Invito a las empresas a poner en marcha fondos corporativos. A su alrededor crearán ecosistemas de innovación con todos los recursos no siempre disponibles dentro de las organizaciones”.
