La Fundación Ramón Areces, continuando con sus eventos relacionados con la pandemia del COVID-19, ha presentado ‘El empleo en España tras la pandemia’, donde expertos han tratado de desentrañar la crisis del empleo juvenil, así como su posible futuro. Los datos son claros: España tiene la mayor caída de la Unión Europa, mostrando que el mercado de trabajo no funciona bien.
Samuel Bentolila, profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi), ha explicado que en el primer trimestre de 2020, “en el grupo de 16 a 24 años el empleo cayó en 20 puntos, si bien luego se fue recuperando, mientras que para las personas mayores de 24 años la caída fue ya mucho menor, del 5%. Comparando los datos de evolución del PIB y el empleo de España con los del resto de la Unión Europea, la mayor caída se produce en nuestro país.
“Los colectivos más afectados en esta crisis -los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración- vuelven a ser los mismos que los de las otras crisis vividas desde 1984, por lo que algo debe de ir mal en nuestro mercado de trabajo”, ha ratificado Julio Segura, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el otro experto consultado en el evento. "Vamos a dejar una herencia muy mala a las futuras generaciones. Les vamos a dejar un sistema educativo mediocre, una desigualdad elevada y muchas deudas, que afectarán al sistema de pensiones"
La temporalidad, el principal problema
Para Bentolila, el principal problema del mercado laboral español y, por ende, lo que marca la crisis del empleo juvenil es la temporalidad: “Uno de cada cuatro trabajadores es temporal y, para más irritación, ese porcentaje es mayor aún en el sector público que en el privado. Esta rotación laboral insostenible no permite desarrollar una carrera laboral ni la necesaria formación, impide llevar una vida estable y no es solo un problema para los jóvenes, porque esta situación se alarga y con 40 años la tasa de temporalidad aún es muy alta. Es un problema que hay que atajar, pero el sistema político es incapaz de hacerlo. Ni el Gobierno, ni la patronal, ni los sindicatos han querido hacer nada de este tema al respecto nunca”.
“Pensemos en Uber, en repartidores de oficios. Tenemos un enfoque donde las secretarías judiciales consideran que son falsos autónomos. Hay que regularlo. Seamos más flexibles. Son oportunidades de trabajo para la gente, no podemos matarlo. Luego haremos trabajos de mayor calidad. Hay que proteger a los trabajadores y a los puestos de trabajo. Que los trabajadores coticen, que tengan prestaciones”.
Según él, la regulación colectiva de la administración publica es “la más desfasada de todas, no se mueve desde los años 80. El gobierno debe vigilar trabajadores que no sean bien representados por sindicatos y patronales. Autónomos y pymes no lo están, y necesitan ser regulados”.
¿Qué pasará tras la crisis del COVID-19?
“El mayor problema del mercado de trabajo en estos momentos es que la crisis se ha cebado mucho más que las anteriores en los jóvenes”, ha asegurado Segura. “Vamos a dejar una herencia muy mala a las futuras generaciones. Les vamos a dejar un sistema educativo mediocre, una desigualdad elevada y muchas deudas, que afectarán al sistema de pensiones. El problema está en que no tenemos instituciones capaces de representar adecuadamente los intereses de los jóvenes y se están tomando decisiones que tienen implicaciones muy importantes para los ahora jóvenes y que van a sufrir en los 80 años que van a vivir. Se les están imponiendo costes para los que ellos no van a obtener beneficios. Esto no es justificable bajo ningún concepto ideológico. Es necesario un esfuerzo para tener en cuenta qué costes a largo plazo para las generaciones futuras tienen muchas de las cosas que estamos haciendo. Y también algunas de las que no estamos haciendo”.
