Por Raúl Delgado, Rodrigo Pizarro y Huáscar Eguino – Esta columna fue publicada originalmente en el blog Sostenibilidad del BID
El cambio climático no es solo un reto ambiental, sino también político, económico y social. Las proyecciones indican que, de seguir la actual trayectoria de emisiones, la temperatura media global del planeta superará los 3°C respecto a la temperatura promedio observada a comienzos del siglo XIX, generando un impacto sin precedentes en la historia de la humanidad.
Si bien el cambio climático afecta al planeta en su conjunto, la vulnerabilidad se exacerba con la pobreza y brechas de desarrollo, por lo que su expresión más aguda se observa en los países en vías de desarrollo, incluyendo a diversos países de Latino América y el Caribe (LAC) que se encuentran entre los más vulnerables ante incendios forestales, escasez de agua, caídas en la productividad agrícola, inundaciones, entre otros.
Esto obliga a todos los países de la región a implementar acciones climáticas, tanto para reducir la vulnerabilidad, atender los desastres naturales, y para contribuir a los esfuerzos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas acciones se incluyen dentro de un gasto público que debe ser cuantificado y analizado periódicamente a fin de mejorar su eficiencia y efectividad, a la vez que se determina su impacto sobre el cambio climático. Esto es fundamental, no sólo para evaluar y hacerle seguimiento al gasto público destinado al cambio climático, sino para realizar un análisis de largo plazo de los riesgos fiscales asociados a los impactos climáticos.
No obstante, actualmente no existe una definición consensuada de ‘gasto climático’ y, por lo tanto, tampoco existe un estándar metodológico internacional ni clasificación para identificarlo. Asimismo, la posibilidad de realizar una clasificación periódica del gasto está limitada por restricciones internas de los países respecto de sus sistemas de administración y clasificación de gasto público, así como las crecientes demandas por información para el desarrollo sustentable.
Actualmente, existen diversas propuestas metodológicas para resolver este problema entre las que se encuentran: la desarrollada de manera conjunta por los bancos multilaterales de desarrollo (Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance); el denominado Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR por su sigla en inglés) y más recientemente el trabajo que viene realizando el Grupo Técnico de Expertos bajo encargo de la Comisión Europea para desarrollar un taxonomía de finanzas sustentables. El CPEIR ciertamente ha sido un trabajo pionero y punto de referencia para instituciones y países.
Conforme se avanza en el conocimiento, se generan nuevos compromisos y requerimientos para los países, se hace necesario contar con información más consistentes y comparables entre países, a la vez que se la hace compatible con los actuales sistemas de clasificación de estadísticas públicas y acciones ambientales, como el sistema de Clasificaciones de Funciones de Gobierno (COFOG), o el Sistema Satélite de Cuentas Ambientales. En definitiva, existe la necesidad de contar con una metodología integrada de identificación y clasificación de gastos en acciones climáticas en el contexto de los procesos presupuestarios a nivel nacional y consistente con los sistemas de clasificación estadísticos validados por los organismos internacionales.
Lo anterior necesariamente obliga a desarrollar esfuerzos de coordinación con diversos organismos internacionales relevantes, logrando idealmente contar con un sistema de clasificación consensuado con diversos actores y, sobre todo, proponer una metodología que sea efectivamente aplicable en el contexto de la actual estructura administrativa de gestión de gasto público a nivel nacional y que permita, a su vez, informar sobre los compromisos internacionales asumidos.
Actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su plataforma NDC Invest está uniendo fuerzas con los países de América Latina y el Caribe, y con instituciones regionales e internacionales para responder a esta necesidad, porque sabemos que un mejor gasto público representa mejores oportunidades de desarrollo económico para la región. En suma, esperamos que los esfuerzos por dotar a la región de lineamientos metodológicos comunes para la cuantificación y evaluación del gasto público en cambio climático sea una respuesta efectiva a la necesidad de aquellos países interesados efectivamente en mejorar su calidad del gasto, incluyendo en esto a la dimensión del cambio climático.
El 28 y 29 de agosto el BID organizó un Taller Regional de Clasificación Presupuestaria de Gastos de Cambio Climático en Santiago, Chile, donde se reunieron representantes de Direcciones de Presupuestos y Ministerios de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. El objetivo de esta reunión consistió en discutir las bases para desarrollar una metodología que permita identificar y evaluar los gastos climáticos.
