Representantes de gobiernos latinoamericanos, organismos multilaterales, y organizaciones de la sociedad civil y la academia han alcanzado un gran pacto para incrementar los recursos financieros y los servicios públicos hacia la primera infancia y fortalecer así la atención integral de los niños y niñas menores de 6 años.
La firma del acuerdo se ha realizada en el Encuentro Regional por la Primera Infancia, organizado por la Presidencia de la República de Colombia y el Diálogo Interamericano con el apoyo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. El convenio supone que la atención de la primera infancia se convierte en un tema prioritario en la agenda política y social de los países de América Latina y el Caribe.
“Las inversiones sociales de mayor impacto que cualquier gobierno puede hacer son las inversiones por la primera infancia porque tienen las más altas tasas de retorno y de desarrollo”, ha señalado el presidente de Colombia, Juan Manual Santos. En su opinión, iniciativas como el programa ‘De cero a siempre’, dedicado a la primera infancia, contribuyen a poner fin a la pobreza, erradicar el hambre, mejorar la salud y el bienestar, y reducir las desigualdades. Además, ha reconocido que las alianzas efectivas con los organismos internacionales son clave para cumplir con los objetivos de desarrollo de Colombia.
Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, ha asegurado que la creación de una estrategia de largo plazo es imprescindible para abordar la primera infancia integralmente e incluir a las diferentes instancias de los gobiernos. “Esta estrategia deberá tener en cuenta el fortalecimiento de las capacidades institucionales, el monitoreo permanente de los resultados de las iniciativas y las intervenciones intersectoriales –ha señalado–. En este camino, el apoyo de los bancos multilaterales será vital”.
Los expertos del foro han destacado que es imprescindible implementar una agenda regional que guíe los esfuerzos, permita capitalizar los avances, y promueva la colaboración en los procesos de reformas institucionales para el fortalecimiento y la sostenibilidad de las políticas públicas de primera infancia.
El acuerdo contiene cinco puntos: Consolidar políticas o planes nacionales que adopten una visión de los niños y niñas como sujetos de derecho y su desarrollo integral como propósito; Fortalecer la gestión para una atención integral de calidad, pertinente y oportuna, dirigida a la primera infancia en los entornos donde transcurre su vida; Generar procesos participativos para la definición de metas o indicadores de desarrollo integral en la primera infancia desde un enfoque de derechos; Construir y consolidar una coalición sociopolítica que impulse la prioridad del desarrollo integral en la primera infancia tanto a nivel de las políticas públicas como del compromiso de los ciudadanos, y Establecer procesos rigurosos de gestión del conocimiento y evaluación de las acciones que se dirigen a las mujeres gestantes y niños en primera infancia, como de aquellas que buscan el fortalecimiento o cualificación de las capacidades institucionales para su atención. El seguimiento y la sistematización de dichas acciones harán posible conocer su impacto, introducir las mejoras que sean necesarias e informar el proceso de asignación presupuestaria.
