Los programas de eficiencia energética puestos en marcha en los últimos años, sobre todo en el sector residencial, son los causantes del cambio de tendencia en el consumo, como parece demostrar las tendencias apuntadas en la ola de calor que estamos viviendo este mes de junio cuando se ha dado la situación novedosa en la que, a pesar de la conjunción crecimiento económico al 3% y calor, mucho calor, la demanda de energía eléctrica, no se ha llegado a disparar más allá de los 40.000 MW, una cifra que podría considerarse baja, aunque los precios no hayan seguido esa tendencia, precisamente. España tiene una potencia instalada que prácticamente triplica esta cantidad.
Esta es la impresión que tienen los profesores Xabier Lavandeira y Pedro Linares, de la Universidad de Vigo y la U.P. de Comillas, respectivamente, miembros de Economics for Energy, centro de investigación especializado en el análisis económico de las cuestiones energéticas, constituido como asociación sin ánimo de lucro, y cuyos estudios son ya una referencia mundial, que ha presentado su informe sobre la “Seguridad energética en España”.
Por el momento es una impresión pero un dato muy positivo si se demuestra, como creen, que es el resultado de dos vectores importantes: la sensibilización por parte de la opinión pública de la necesidad de ahorro energético y los efectos de los programas de eficiencia permitidos por las nuevas tecnologías que, naturalmente, afectan al consumo energético de forma importante.
Esta evolución afecta a la seguridad energética, que es el tema del informe presentado, en el que también han colaborado los profesores Klaas Würzburg y Xiral López Otero, y que no siempre se interpreta de forma correcta, que el objetivo del estudio elaborado y que afectan a la política energética general.
Habitualmente, la seguridad energética la basamos en el criterio de suministro pero no en otros vectores igual de importantes, como es el precio. A qué precio estamos dispuestos a llegar para asegurar una décima más en un porcentaje de seguridad importante es una pregunta que debe planear sobre las decisiones estratégicas de empresas y el regulador.
Ineficacias producidas por falta de datos sobre diversos criterios pueden llegar a tener un efecto importante en el precio. En el caso del petróleo, una subida del 10% en el mismo que hiciera llegar el precio del barril hasta una determinada cantidad, 50 dólares, por ejemplo, tendría ese mismo efecto en la economía, tendencia que afecta a los productos de mayor volatilidad en una mayor proporción que otros que no la tienen. Por orden, este efecto pernicioso impacta, de mayor a menor, en petróleo, gas, carbón, renovable y nuclear.
Para España, por su estructura de producción, consumo y localización el riesgo es pequeño, tanto para Economics for Energy como para los operadores del sector energético pero en el supuesto caso de un corte de suministro podría ser de 6.000 euros por MWh. “Su baja probabilidad hace que su relevancia práctica sea muy inferior, suponiendo menos de un 1% de su coste”, dice el informe.
En su conclusión, el informe apunta a aquellas cuestiones que minimizan los riesgos o, dicho de otra manera, los que maximizan la seguridad energética. En primer lugar citan el mantenimiento de las políticas de diversificación de suministro, complementándolas con otras cuestiones como la flexibilización de la economía, la reducción de la intensidad energética, el aumento de opciones alternativas de suministro, los pagos por capacidad para el sector eléctrico, compartir reservas estratégicas con otros países o, entre otros, la activación de sistemas de almacenamiento.
Pero, sobre todo, dice el informe, es conveniente desarrollar políticas que permitan reducir el coste debido a la volatilidad de los precios de la energía, recurriendo al uso de fuentes energéticas menos volátiles en sus precios, el estímulo del ahorro y de la flexibilidad.
