Brazil-EU Cooperation for Development of Advanced Lignocellulosic Biofuels (BCOOL) es el nombre del proyecto que tiene como objetivo principal reforzar la cooperación entre la Unión Europea y el país Latinoamericano para desarrollar cadenas de valor de biocombustibles avanzados de forma coordinada.
El proyecto se estructura en tres pilares principales. De esta forma se quiere cubrir de forma equilibrada todo el rango de actividades en la cadena de valor de los biocombustibles: producción de biomasa, logística, conversión y explotación. Así se señala desde el Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Lubia (Soria), integrado en el departamento de energía del CIEMAT, organismo público de investigación que forma parte de esta iniciativa.
“Además de mejorar la logística, el establecimiento de los sistemas de cultivo innovadores de BECOOL permitirá aumentar la materia prima de biomasa al menos un 50 por ciento sin afectar negativamente a la producción de alimentos, la calidad del suelo o los usos habituales de la tierra”, añaden desde la entidad dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España.
También aseguran que la mejora en la eficiencia del proceso de gasificación de las nuevas materias primas “permitirá así mismo obtener gas de óptima calidad a partir de fuentes no convencionales, como cultivos lignocelulósicos y residuos”. “Este sistema de gasificación, posibilitará superar una de las principales barreras relacionadas con la logística de la materia prima de baja densidad energética y mejorar drásticamente la valorización de los residuos ricos en lignina, beneficiando la eficiencia energética de toda la cadena de valor”. Además, los avances tecnológicos en el pretratamiento, hidrolisis y los procesos de sacarificación enzimática y fermentación, aumentarán la competitividad del etanol bioquímico.
Con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros (de los que 209.960 euros corresponden al CEDER-CIEMAT) financiados por el Programa Horizonte 2020 y una duración de 4 años, el proyecto lo desarrollará un consorcio internacional formado por catorce organismos de siete países de la Unión Europea (a los que hay que sumar los representantes brasileños): tres universidades, ocho centros de investigación (uno de ellos es una ONG), dos pymes y una gran industria.
