Según los números presentados en su memoria anual relativa a 2018, los ingresos de los centros tecnológicos de Fedit procedentes de la Administración General del Estado (AGE) han bajado hasta el 3,20 % del total (frente al 5,03 % en 2017) y suponen algo menos de un 8 % de los fondos públicos totales obtenidos (casi un 15 % en 2017).
Por este motivo, dicha federación alerta acerca de “los riesgos que supone una política de I+D+i financiada solamente desde las comunidades autónomas, con el riesgo de aumentar las diferencias entre regiones que ya existen en materia de I+D+i, y desde Europa, donde los proyectos son de varios años de duración y muchas veces no responden a las necesidades de las empresas, que necesitan plazos de desarrollo más rápidos”.
Consideran que “esta situación debe revertirse a la mayor urgencia”, algo que se puede hacer “mediante la recuperación de instrumentos que no siempre se utilizan”. Ponen como ejemplo que en 2018 no se convocó el programa Retos-Colaboración. También consideran necesarios “programas nacionales de investigación aplicada, de apoyo a infraestructuras y equipamiento o de fortalecimiento institucional de los centros tecnológicos”.
El papel del Estado
En su informe anual, la Federación Española de Centros Tecnológicos dedica un apartado específico al papel que debe jugar la AGE. En este sentido, se lamenta de que, aunque todos los partidos políticos insisten que es necesario impulsar la I+D+i, “estos mensajes no se ven correspondidos mediante el refuerzo de la inversión pública, bien sea por la situación política nacional o por la prórroga de Presupuestos Generales del Estado”.
“Desde nuestro punto de vista, que se corroboran con los datos económicos de nuestros asociados, se siguen manteniendo políticas de inversión en I+D+i empresarial dedicadas, en su mayor parte, a financiar a este colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que estas empresas puedan contratar a cualquier organismo de investigación (no sólo Centros Tecnológicos)”, se añade en la memoria de Fedit.
“En este contexto, hay empresas que acuden al entorno regional o al europeo para obtener fondos que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+i donde el riesgo no recae únicamente en ellas –continúan–. Pero estas alternativas no pueden eximir la responsabilidad de la AGE en desarrollar políticas que fomenten la I+D, en la coordinación de políticas de innovación y en el impulso que las empresas necesitan para mejorar su competitividad a través de la innovación”.
Nueva Estrategia de Ciencia
Fedit recuerda que en 2021 entrará en vigor la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, que está siendo desarrollada actualmente por el Gobierno y el conjunto de los actores del sistema español de I+D+i. En este sentido, expresa sus propuestas para dicho documento, entre las que se encuentra el “impulsar programas nacionales de financiación de desarrollo tecnológico e innovación, actualmente desaparecidos y dependientes de las iniciativas regionales”. También propone “aumentar la estabilidad y previsibilidad de los fondos asignados a I+D+i, llegando a establecer compromisos de inversión plurianuales:
Por su parte, el presidente de dicha federación, Carlos Calvo, abre la memoria anual con una carta en la que advierte de la “preocupante situación de inestabilidad política e institucional” que vivimos, la cual “afecta a todos los ámbitos de la actividad económica y social”. “Factores exógenos contribuyen a ello, pero esto no es un eximente de responsabilidad en quienes deben dedicar el máximo esfuerzo en corregir los desequilibrios que nos amenazan”, añade.
