Solo 7 millones de personas habitan en el 70 % del territorio español. La despoblación del interior del país, acentuada en los últimos años, comenzó hace un siglo. Repueblo, el think-tank de la innovación rural ha organizado un encuentro virtual con los fondos de recuperación europeos como protagonistas de un momento que puede marcar un punto de inflexión para la España vaciada.
Como apuntaba Luis de Cristóbal, director de Repueblo, “los fondos son quizá la última oportunidad para el medio rural”. La iniciativa defiende el desarrollo de entornos rurales emprendedores e innovadores. “Si usamos bien los fondos, podremos transformar el país. Hay que acabar con el concepto de una Europa solo racional y trabajar la parte emocional; enamorarnos de nuestro territorio gracias a proyectos con alma y propósito transformador”.
Tomás García Azcárate es uno de los principales referentes en políticas de desarrollo rural europeo, actividad que le ha ocupado tres décadas. Experto en la PAC y vicepresidente del Instituto de Economía y Geografía del CSIC, García Azcárate considera que buena parte de las medidas con el foco en la sostenibilidad que Bruselas quiere incentivar ahora, parten de unas intenciones ya manifestadas antes de la pandemia. “Los nuevos fondos son una oportunidad para reconstruir no en la idea de volver a la antigua normalidad, sino para ir a un escenario en el que resolvamos las asignaturas pendientes”.
En opinión de García Azcárate, Ursula von der Leyen pretende que, bajo su mandato, la Comisión Europea pase a la Historia como la artífice de un importante salto cualitativo con el que la UE se sitúe a la cabeza en la respuesta a grandes retos como el cambio climático. “La componente de sostenibilidad es algo que no podemos olvidar en ningún momento a la hora de invertir el dinero de los fondos”.
“Mucho más que un Plan Marshall”
El experto recordaba que los fondos suponen el mayor estímulo económico jamás financiado. A España le corresponden 71.604 millones, un 28 % irá a parar directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es mucho más que un Plan Marshall. No sé si es la última, pero seguro que no tendremos otra oportunidad igual, así que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar este dinero”, añadía García Azcárate. “Es evidente el empeño de nuestros hermanos europeos para salir juntos, más fuertes y más sostenibles de esta crisis”.
El vicepresidente del Instituto de Economía y Geografía del CSIC detallaba algunas decisiones que, a priori, favorecen el desarrollo rural. Entre ellas, el Objetivo 5 del FEDER –“Una Europa más cercana a los ciudadanos”- otorga importancia a la sostenibilidad de zonas urbanas y rurales y, lo que es más relevante, ofrece una nueva definición de despoblación. Ahora abarca las provincias con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o áreas cuyo número de habitantes haya descendido al menos un 1 % anual durante el periodo 2007-2017. “Hoy podemos hacer un análisis más fino y cercano a la realidad gracias a un marco jurídico favorable. Era algo que en España reclamaban Comunidades Autónomas como Aragón”.
“Debemos transformar las posibilidades en realidades”
García Azcárate recordaba que el asunto de la despoblación es de tal calado que su gestión no puede limitarse a la Agenda Europea de ámbito rural, y por tanto exclusivamente al FEADER, como ha ocurrido entre 2014 y 2020. En el caso de España, considera que hay que ir más allá de las tradicionales funciones del Ministerio de Agricultura. “Necesitamos una visión integral. Todos los ministerios y consejerías implicados deben moverse bajo el liderazgo de la vicepresidencia (en alusión al ministerio que dirige Teresa Ribera) y una comisión compartida. Europa ha hecho su trabajo: tenemos cobertura política, base jurídica y fondos disponibles”.
El experto avanzaba que ahora se acerca la hora de la verdad. “Las administraciones españolas tienen que asumir protagonismo. El manejo de los fondos supone un reto administrativo de primer orden, pero podemos transformar nuestra realidad y encarar estas dificultades con energía y sin caer en los vicios de la precipitación y la falta de control. Debemos convertir las posibilidades en realidades”, concluía García Azcárate.
Injusticia territorial
“La pandemia ha puesto en jaque la salud, la economía y la cohesión social”. Francés Boya, secretario general de Reto Demográfico, insistía en subrayar la capacidad de respuesta de Europa. “Se va a invertir con celeridad y con un máxima que está en el frontispicio de la actuación del Gobierno de España: procurar no dejar a nadie atrás. Los fondos tienen que servir para la recuperación del conjunto del país”.
Boya considera que los fondos europeos tienen que ayudar a superar la crisis y también disfuncionalidades territoriales en el ámbito rural que tienen que ver con la prestación de determinados servicios públicos, dotación de infraestructuras, conectividad digital, acceso a oportunidades, formación o retención de talento. “En definitiva, hablamos de un marco en el que combatimos para que existan políticas que permitan hacer frente a esta situación de injusticia territorial”, añadía Francés Boya.
El responsable público aludía a cómo los objetivos que persiguen los fondos europeos de recuperación están alineados con los pilares de ‘España puede’, el plan nacional. “Tenemos que dirigirnos hacia una economía verde y digital, promover espacios de igualdad de género y promover la cohesión social y territorial”, detallaba Boya.
El secretario general de Reto Demográfico estima que su ministerio estará en disposición de empezar a ‘mover’ 2.500 millones. “En el entorno rural, nos orientaremos básicamente a convocatorias relacionadas con la eficiencia energética, la vivienda, la movilidad, el medio ambiente o el saneamiento de aguas, además de otros aspectos vinculados a la funcionalidad territorial”. Francesc Boya coincidía con García Azcárate en la necesidad de entender el reto demográfico de manera trasversal e invitaba a los municipios a preparar y presentar proyectos concretos susceptibles de recibir el respaldo de los fondos europeos.