El Madrid International Lab ha acogido la presentación del Anuario de la Innovación en España, publicado por Innovaspain en su décimo aniversario. En esta ocasión, ha estado dedicado a la gestión de los Fondos Next Generation, también conocidos como los fondos europeos, en cada una de las comunidades autónomas. Un Anuario donde se la ha dado voz a instituciones públicas, grandes empresas, startups y diferentes iniciativas con el objetivo de conocer a fondo no solo en qué consisten, sino como afectarán al futuro de la sociedad española.
Para ahondar un poco más en la gestión de los fondos, en la presentación se ha llevado una mesa redonda donde varias expertas han dado su visión sobre las estrategias y las herramientas de acceso a estas ayudas. Y es que hablar de los Fondos Next Generation no es solo hablar de los 806.000 millones de euros que se repartirán en Europa, sino también de lo que se va a movilizar con las inversiones que se hagan, los proyectos circundantes.
En el caso de España, las ayudas ascenderán a los 140.000 millones de euros -segundo país que más dinero ha recibido, tras Italia-. 60.000 serán no reembolsables y 80.000 en préstamos. Cabe destacar que loss fondos tienen un periodo que se va a extender hasta 2024. Pero es en estos años, 2021 y 2022, donde está la verdadera clave de las ayudas, ya que el 70% tiene que estar comprometido en proyectos. Es el momento justo para poder optar a las ayudas. Pero ¿cuánto cuesta obtener las ayudas de los fondos europeos?
Ayudar con la burocracia
Arantza Cuartango es la responsable de NextGen en Ibermática, una iniciativa dentro de la empresa en la que ayudan a empresas a identificar ayudas, realizar un diagnóstico de proyectos o comprobar la implementación real de fondos, entre otras cuestiones. La unidad, creada en septiembre del 2020, pone el foco en “ayudar” en diferentes proyectos: “Proyectos que pueden ser susceptibles de recibir fondos y a los que guiamos en este proceso”.
En esta unidad están representados todos los sectores en los que trabaja la compañía y, en un comité, analizan lo que ocurre en cada una de las convocatorias para identificar las líneas a desarrollar y los pasos a seguir para ayudar en la digitalización de las empresas.
Aun así, todos estos procesos cuentan con varios hándicaps. Según Cuartango, han podido comprobar que, “al estar las convocatorias demasiado atomizadas, se tienen que dividir en diferentes vías. Complica un poco la presentación del proyecto, porque la subvención es así desde Europa. Otro tema es que hay un poco de lentitud de determinados problemas: existe mucha burocracia y hay dificultad en poder seguir algunas de las convocatorias”.
Asimismo, Cuartango ha señalado que la covid-19 ha acelerado todos los procesos de digitalización dentro de empresas. Y que, dentro de lo que es la digitalización, «es verdad que está más avanzada, por ejemplo, en el sector seguros o financieros. Es importante que si queremos avanzar a una economía mas sostenible y digitalizada hay sectores en los que tenemos que garantizar que se digitalicen. O las propias pymes, la mayor parte del tejido empresarial español”.
Crear un nuevo tejido industrial
Por otro lado, Carmen Cuesta, directora de Comunicación de Enisa, ha explicado que esta institución cuentan con dos nuevas líneas de gestión: una para la Secretaría de Innovación, dirigida al emprendimiento digital femenino -con 51 millones de euros- y otra para el Ministerio de Agricultura, para la modernización del sector agroalimentario -con 33 millones de euros-. “Podemos ver, por ejemplo, que sectores como el de la agricultura o la ganadería les cuesta más, puede que influenciados por pedir solo la PAC y pocos préstamos”.
Asimismo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, desde el que se gestionan los fondos europeos, Enisa está poniendo en marcha la marca España Nación Emprendedora, con una partida de diez millones para que sea un paraguas público-privado en el que se vea que este país “tiene mucho talento y muchas ganas de emprender”.
Algo importante, ya que como la misma Cuesta ha señalado, España cuenta con una economía en la que el 73% del PIB viene del sector servicios. “Tener esa dependencia ha demostrado que en horas altas va bien, pero en horas bajas… Tenemos que crear un tejido industrial modernizado, porque no nos queda más remedio. Necesitamos más innovación, financiación y formación”.
En la crisis provocada por la covid-19, para ella, se vieron “muchas cosas malas” y “alguna buena” que mostró que se podía cambiar el tejido productivo. “No es tan fácil, las transformaciones culturales cuestan mucho. La regulación y la buena voluntad hará que podamos crear uno sostenible a todos los niveles, que trabaje en varias brechas. Yo soy optimista”.
Unas ayudas “distintas”
Sabina Pérez, responsable de gestión de fondos internacionales en CDTI, ha destacado por su parte que los fondos tienen que incrementar la actividad en un 30%. “Nosotros estábamos acostumbrados a nuestro porfolio de ayudas orientadas a la I+D+i. Con el Plan de Recuperación se ha tratado de introducir otra serie de componentes para tratar de movilizar ayudas distintas, sectores que no estaban acostumbrados a estos indicadores y crear consorcios, tanto en grandes empresas y pymes, para que se ayuden, como pasa normalmente, por ejemplo, en el sector aeronáutico”.
Los fondos introducen novedades que se quedarán para el resto de fondos futuros, porque la UE “quiere impulsar y orientar sus políticas de este nuevo modo”. Se habla mucho de digitalización, todas tienen complemento digital, y el componente verde, el de la sostenibilidad, obliga a que tengan el principio de no causar daño al medioambiente. Así, todas las compañías deben tener informes previos para que el proyecto que se vaya a financiar sea el más beneficioso posible.
“Es un hándicap para las empresas -admite Pérez- porque, aunque apoyamos con nuestros informes, las empresas pequeñas pueden enfrentarse a cosas que no estaban preparadas”. Es obligatorio para todos los que optan a las ayudas no hacer daño al medioambiente o incluir la perspectiva de género ,contando cómo va a influir en los proyectos, así como la accesibilidad.
“La normativa es muy extensa: hay partes de la UE, nacional, ayuntamientos. Las empresas están sometidas a mucha normativa, algo que nos exige Bruselas. No es un capricho, tenemos una barbaridad de auditorías”. Al mismo tiempo, ha subrayado que muchas veces “no se entiende el cumplimiento de la ley española, que es de mucho control. La contratación pública es complicada, tediosa. Pero también somos un país grande, que ha recibido muchos fondos. Otros países son como alguna de nuestras comunidades autónomas”.