Contra los peligros que provocan los fraudes energéticos

Los fraudes eléctricos empezaron a hacerse realmente relevantes en España a comienzos de la crisis económica de 2008. De hecho, hasta 2013, estas actividades ilegales crecieron hasta un 28%. La pandemia de 2020, con otra crisis económica asociada, no ha hecho más que aumentar -a un ritmo todavía mayor que en 2008- fraudes como el enganche a los sistemas de luz. Ahora, UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy ha intensificado su ofensiva contra esta mala praxis por una razón: según la compañía, hay varios problemas sociales y muchos peligros derivados.

Según Mónica Puente, directora de UFD, el incremento del fraude supone un “enorme problema social” con consecuencias muy diversas. “Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico y acaba suponiendo un gran coste para el resto de consumidores en sus facturas. Nuestro compromiso firme es combatirlo para garantizar la mejor calidad de suministro en los territorios donde estamos presentes”.

Asegura que este tipo de actuaciones ilegales pueden “provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos”. Del mismo modo, reducir estas conexiones ilegales reduciría el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura, Además, los fraudes inciden negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.

Por ello, la compañía está inmersa en un plan para “detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera”: Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

“Un quebranto económico”

UFD lleva dos años realizando procesos de prevención. De hecho, se han abierto 9.335 expedientes por fraude tras más de 32.500 actuaciones, aseguran. “Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña, el fraude también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente”.

Y es que, según UFD, el fraude eléctrico representa “un quebranto económico” para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios. Y explican: “El coste del fraude representa más de 2.000 millones de euros al año, lo que supone una repercusión media de casi 100 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consume”.

Cabe destacar también que la distribuidora ha recuperado en estos dos años 160 gigavatios por hora (GWh) de energía defraudada. El consumo sería equivalente, comparan, al consumo anual de cerca de 50.000 hogares. “Solo en 2022, se interceptaron fraudes por un volumen de 105 GWh, el doble que el año anterior”, denuncian.

La ley de su parte

Según UFD, el fraude “representa un acto de insolidaridad, ya que la energía que el defraudador sustrae al sistema recae sobre el conjunto de los clientes que sí cumplen con sus obligaciones”.

Y recuerdan que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece entre las funciones de las empresas distribuidoras las referidas a la detección y puesta en conocimiento de autoridades y clientes de las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida. Y que el art. 87 del RD 1955/2000 habilita a las empresas distribuidoras a interrumpir el suministro cuando detectan situaciones anómalas en las instalaciones o equipos de medida.

Eso sin contar que “la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el Código Penal (artículo 255) que pone en grave riesgo la integridad física de las personas (de quien la realiza, así como de quien convive con ella y de sus vecinos) y los bienes”.