"Si España desarrolla todo su potencial de producción de gases renovables, podría llegar a reducir unos 35 millones de toneladas de CO2, es decir, más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para el año 2030. Este valor equivale al CO2 que emite todo su parque de turismos en un año o el que absorbió toda la superficie forestal de España en 2017".
Este es uno de los datos que aporta el nuevo estudio de Fundación Naturgy ‘Los gases renovables. Un vector energético emergente’. La publicación aborda, desde una perspectiva técnica, económica y ambiental, el desarrollo de los gases renovables en nuestro país.
Sus autores, el doctor ingeniero industrial y profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Xavier Flotats, y el ingeniero de Caminos de la UPC y experto asesor ambiental, en gestión de residuos y desarrollo sostenible, Álvaro Feliu, consideran que nuestro país tiene un elevado potencial de producción de gases renovables.
En la banda baja equivaldría a la cuarta parte de la demanda actual de gas en España, pero “podría cubrirse hasta un 65% de la demanda actual de gas natural con este tipo de gases, siempre que se impulse su desarrollo de forma decidida y sin mayor demora”, explica Flotats.
[Le puede interesar: La urgente necesidad de una transición energética]
Los gases renovables contribuyen de forma significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a la gestión de residuos, y resultan clave en el nuevo paradigma de la economía circular y la descarbonización del sistema energético. En este sentido, pueden contribuir de forma activa a la Estrategia Española de Economía Circular aprobada esta misma semana por el Gobierno. “Aunque a España le queda aún camino por recorrer, nuestro país cuenta con un notable potencial en este terreno, fundamental para la consecución de los objetivos de lucha de control del cambio climático”, explica Flotats.
Para su desarrollo los autores coinciden en que son necesarias políticas decididas que incentiven su uso e implantación. Este vector energético será, en el futuro, un agente activo como fuente de energía renovable, facilitando la integración de los sistemas gasistas y eléctricos, apoyando la gestión eficaz de residuos y contribuyendo a la economía circular.
Una de las medidas más relevantes para promover su implantación tiene que ver con el mecanismo de garantías de origen, del que ya disponen la mayor parte de los países europeos. Aunque en España aún no opera, está prevista su implantación en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por el Gobierno recientemente.
“La puesta en marcha en España de este sistema de certificación para productores, intermediarios y consumidores es imprescindible para el desarrollo del mercado y debería ser una realidad lo antes posible, sin esperar a la trasposición de la directiva de energías renovables, cuyo plazo termina en junio de 2021”, destaca Feliu.
La posición de España respecto a la UE
Desarrollar el potencial de España pasa por dar un impulso definitivo a los gases renovables que permita alcanzar el nivel que ya tienen otros países europeos, especialmente en lo que respecta al biometano. En nuestro país, una cantidad importante de residuos orgánicos biodegradables y de biomasa agrícola y forestal (cerca del 40 % de la superficie española está ocupada por bosques), no se explota adecuadamente.
En Europa hay instaladas más de 540 plantas de producción de biometano, mientras que en España sólo hay una. En concreto, el 66 % de las plantas (357) se sitúan en sólo tres países: Alemania (líder con 195 y el 50 % de la producción europea), Reino Unido y Suecia, mientras que en países como Francia, Italia, Holanda o Dinamarca ya se cuenta con medidas que están impulsando su desarrollo.
Por otro lado, de forma coherente con los objetivos previstos de producción de electricidad de origen renovable tanto en España como en el resto de Europa, la producción de hidrógeno, bien sea para su uso local o para su inyección en las infraestructuras de gas, debe ser desarrollada, tal y como se está empezando a hacer en otros países del entorno de la Unión Europea, dado su potencial como vector energético en el proceso de transición energética.
Según el análisis realizado por Flotats y Feliu, España debería focalizar su esfuerzo teniendo en cuenta sus condiciones climáticas, disponibilidad de recursos y el sistema gasista existente. “El sector gasista en su conjunto debe continuar involucrándose en el desarrollo tecnológico necesario, y las administraciones públicas competentes han de apoyar esta tarea y crear un marco regulatorio estable y suficiente para permitir la viabilidad económica a largo plazo de las empresas inversoras”, según Feliu.
“El sector de la energía debe implantar en toda su cadena de valor las medidas adecuadas para la descarbonización, a la vez que salvaguarda la competitividad de la economía y la seguridad del suministro”, afirma Flotats. “Adicionalmente, otros sectores responsables de emisiones GEI, como la agricultura, ganadería, gestión de residuos o determinados procesos industriales, también deben modificar su actividad o adoptar tecnologías que minimicen sus emisiones y produzcan recursos renovables”, concluye.
En el marco de la agenda 2030 de la UE y del Pacto Verde Europeo como hoja de ruta para la descarbonización de la economía en 2050, la producción y uso de energía tiene un papel central. A este respecto, un sistema energético europeo descarbonizado integrará los sistemas de la electricidad y el gas. Para ello, la Comisión Europea y los Estados miembros deberán proporcionar las señales adecuadas a los inversores, aprovechar todo el potencial de los sistemas existentes, y facilitar la financiación y la innovación tecnológica para contribuir de esta manera a los exigentes objetivos de descarbonización, según indican los autores del estudio.
