En la que probablemente sea una de las últimas comparecencias de la legislatura para abordar asuntos de digitalización, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha puesto en valor el papel del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, con el que el Gobierno quiere mejorar de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública. Sea cual sea el resultado electoral del próximo domingo, Artigas ha manifestado la necesidad de continuar con un Plan "que es bueno para el país".
La responsable ha puesto cifras a los esfuerzos destinados durante la legislatura, "en la que hemos conseguido acercar los servicios públicos a los ciudadanos gracias a la transformación digital", ha resaltado: 3.165 millones de euros. Pero más allá de los números, Artigas ha defendido el por qué de esta inversión. "La Administración Pública llevaba 10 años con dificultades para adaptarse a las demandas de los ciudadanos. Se había puesto el foco en modernizar el sistema, pero no en los beneficios que le aporta al ciudadano".
Un paradigma que, a su juicio, ha cambiado gracias a las medidas adoptadas en esta legislatura. De hecho, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 está considerado por el Gobierno como uno de los elementos principales del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que engloba todo lo referente a la modernización de las Administraciones Públicas.
La Secretaría de Estado, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, da por bueno lo cosechado, pese a que aún faltan dos años para saber si se alcanzan los objetivos. Aun así, el Gobierno considera que se ha producido un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública. La voluntad de Artigas y su equipo desde 2018 ha sido dar respuesta a los retos de los principales ámbitos tractores de la Administración Pública, como son el empleo, la justicia y la sanidad, además de garantizar la sostenibilidad de las inversiones mediante el refuerzo y reutilización de medios y servicios compartidos.
"La digitalización nunca puede ser la excusa de la exclusión. La tecnología está para facilitar la vida cotidiana del ciudadano", ha señalado. Y según el Gobierno así se ha hecho. Por ejemplo, "al dar respuesta a las notificaciones digitales, que se incrementaron durante la pandemia a un 500%", ha dicho Artigas, que ha destacado dos hitos en torno a este plan digitalizador, el cual no llega a su fin todavía pero que podría verse sujeto a modificaciones dependiendo del resultado electoral de este próximo domingo: las apps 'Mi carpeta Ciudadana' y 'QUEDU (Qué Estudiar y Dónde Estudiar)'.
El primero es un espacio personal online pensado para facilitar la relación con las Administraciones Públicas. El segundo, para orientar a los estudiantes en la selección de sus futuros estudios universitarios. En el ámbito sanitario, Carme Artigas ha destacado "la necesaria interoperatividad del Sistema Nacional de Salud" y la incorporación de las innovaciones tecnológicas al servicio de los más vulnerables. "Ya es posible utilizar el reconocimiento de voz para saber qué edad tiene un usuario y poder derivarlo a donde necesite. El gran avance, en todos los ámbitos, ha sido cómo hemos mejorado la comunicación con los ciudadanos".
Por otro lado, la jefa de Digitalización e Inteligencia Artificial ha hecho un llamamiento a que se materialice el proyecto de Agencia Internacional de Inteligencia Artificial en los próximos años. La suya no es la la única voz que lo ha sugerido. Hace apenas dos semanas, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, instó al presidente Sánchez a proponer que España sea la futura sede mundial de esta, por el momento, utópica agencia. El líder de la ONU, António Guterres, también avaló unas semanas atrás de esta propuesta la creación de la Agencia de IA. Y no solo del ámbito público llegan las demandas. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, lo hizo mucho antes, en mayo, porque "es necesario empezar a acordar los límites de esta tecnología".
Por su parte, el SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal), que no ha estado exento de polémicas en los últimos años, ha intentado ser mejorado con su incorporación al número de teléfono 060 para mejorar la atención de las demandas de empleo. "También para dotarlo de medidas éticas en el tratamiento de los datos", ha remarcado Artigas, que considera que España tiene todavía el reto de "modernizar los centros de datos y contribuir más a la sostenibilidad y eficiencia energética gracias a la digitalización".
