La estrategia de crecimiento de la Unión Europea apuesta decididamente por una transición a una economía más verde, digital y justa, en la que no quede nadie atrás. Mediante el establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un ejercicio de solidaridad sin precedentes a nivel europeo, la Unión ha querido evitar que los estragos económicos de la pandemia ahonden divergencias en su seno en la consecución de esa estrategia. Las graves consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania nos apremian a acelerar el paso en la ruta definida.
Para lograr estos objetivos, es evidente que la economía española necesita impulsar la innovación de todos sus sectores productivos. Según el Cuadro de Indicadores sobre Innovación del 2021 de la Comisión Europea, España es un “innovador moderado”, con una inversión pública y privada en I+D insuficiente, con dificultades en la coordinación de las políticas de investigación e innovación a distintos niveles de la administración y una cooperación aún deficiente entre el mundo académico y la empresa. La baja capacidad de absorción de la innovación por parte de pequeñas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial español, y la escasez de las competencias técnicas requeridas dificultan la penetración de la innovación en la economía.
El 38 % de los fondos se destinarán a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, evaluado por la Comisión Europea y avalado por el Consejo en verano de 2021, tiene el claro objetivo de corregir esta situación. En su conjunto, el Plan contempla un ambicioso calendario de reformas e inversiones por valor de 69.500 millones de euros financiadas por el Mecanismo a través de transferencias no reembolsables. El 38 % de los fondos que se destinarán al objetivo del crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo (uno de los seis del Mecanismo) van a investigación e innovación. Se busca así dar un empuje a la capacidad investigadora e innovadora de España en numerosos ámbitos. El Mecanismo complementa así los numerosos fondos europeos que financian investigación e innovación en la Unión Europea, de los que España se seguirá beneficiando.
Para que la innovación cale a todo el tejido productivo español es imprescindible una adecuada capacitación profesional de los trabajadores
Por un lado, el Plan español contiene un componente enteramente dedicado al fomento de la investigación científica. La reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología y la Innovación -ahora mismo en tramitación parlamentaria- busca mejorar la gobernanza y coordinación del sistema, atraer talento a la carrera científica y reforzar la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad en su conjunto. La reforma pretende fijar por ley el compromiso de alcanzar una inversión pública del 1,25 % del PIB para financiar la I+D+I en 2030. A ella se unen la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación para mejorar su gobernanza, evaluación y control del rendimiento. Junto a estas reformas, inversiones por valor de casi 3.500 millones de euros ayudarán a apuntalar la capacidad, infraestructura y equipamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología y su internacionalización.
Por otro lado, el conocimiento que se genera a través de la investigación ha de ser difundido y aplicado para generar un beneficio social y económico. Con este fin, el Plan prevé la ejecución de una serie de proyectos de carácter estratégico con efecto tractor para la competitividad de la economía española (PERTEs). Esta nueva figura de colaboración público privada con vocación de permanencia introducirá innovaciones importantes en sectores enteros, supliendo la iniciativa o capacidad de inversión insuficiente por parte del sector privado. Los nueve PERTEs ya aprobados y en curso de ejecución suponen innovaciones incrementales en muchos sectores, como el del vehículo eléctrico, la salud o las energías renovables, y economía circular, naval y aeroespacial. Además, la nueva Ley de fomento de ecosistemas de empresas emergentes pretende atraer a emprendedores innovadores y altamente cualificados a través de una normativa fiscal favorable.
Finalmente, para que la innovación cale a todo el tejido productivo español es imprescindible una adecuada capacitación profesional de los trabajadores y este es un ámbito que el Plan cuida con esmero. La recién aprobada Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y diversas inversiones que la apoyan pretenden convertir el sistema de formación profesional en una palanca de transformación económica y social para el país. Todas las administraciones públicas, incluida la europea, están llevando a cabo importantes esfuerzos para garantizar la buena ejecución del Plan español. Sin menoscabar su tarea, conviene recordar que los verdaderos protagonistas de lo que ha de ser un plan de país serán siempre las empresas. Ellas serán las que logren convertir la excelente oportunidad que brinda el Mecanismo a España en realizaciones concretas que mejoren la productividad del país, su capacidad para competir en cadenas globales en valor añadido, y en definitiva el bienestar social al que todos aspiramos.
