Dieciséis años después de que Telefónica dejara de ser monopolio tras ser totalmente privatizada por el gobierno Aznar, la bronca entre el regulador -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- y la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo, presidida por Cesar Alierta, sigue alcanzando cotas indeseables, como consecuencia de lo que se considera, en algunos ámbitos, una “obsesión” del regulador estatal hacia la hoy compañía privada, que solo busca recortar el potencial de crecimiento de ésta. El supuesto es negado con rotundidad por la CNMC amparándose en los principios de la libre competencia y la defensa de un mercado doméstico, mercado que, tarde o temprano, tendrá que adecuarse a planteamientos regulatorios de carácter global, como ocurre en buena parte del resto del planeta. Solo así, podrá defenderse realmente el principio de competencia.
La última escaramuza ha levantado ampollas al obligar la CNMC a Telefónica a compartir definitivamente su red de fibra óptica en España, mediante alquiler a un precio regulado en todo el país, salvo en aquellas ciudades en las que ya operen tres compañías de telecomunicaciones con una cuota de, al menos, el 20% de la población cada una. La exigencia se considera que podría alterar el mapa inicialmente previsto por los distintos operadores a la hora de instalar esta infraestructura. La decisión de la CNMC, adoptada para regular el mercado de banda ancha, se remonta a finales de 2014 cuando el regulador estableció que, para no tener que abrir red, hubiera al menos tres redes de nueva generación -de fibra o cable- compitiendo en la ciudad.
Los municipios que actualmente superan ese umbral son 34, frente a los nueve que cumplían esos requisitos hace casi un año, cuando el organismo regulador lanzara su primer borrador de la norma.
La actuación de la CNMC ha sido calificada desde siempre como intrusiva por la compañía española ya que desincentiva la inversión, no sólo de Telefónica sino del resto de operadores, y ello puede entenderse como un obstáculo a la competencia, competencia que no corre peligro alguno en España ya que además de los tres grandes operadores –Telefónica, Vodafone y Orange- el mercado español cuenta también con grupos de cable de acción local, que son especialmente potentes allí donde operan. Son compañías como Euskaltel, R y Telecable que tienen sus propias redes de fibra óptica, más cable coaxial y que no están reguladas, a pesar de que lideran sus mercados en todas las capitales vascas, gallegas y asturianas.
En definitiva, la decisión de la CNMC es considerada cortoplacista, pero sus consecuencias marcarán el largo plazo, ya que condiciona el tipo de redes que habrá en España en el futuro y dibujará el panorama de la economía digital española durante décadas.
Frente al descontento de Telefónica, primer inversor en fibra óptica en España, Vodafone y Orange consideran que la propuesta de la CNMC va en la buena dirección, aunque desde otros ámbitos se considera que ninguna de estas dos grandes compañías multinacionales debería gozar de la defensa del regulador español.
Telefónica se vio obligada, por parte del regulador, a realizar una oferta mayorista en ADSL que no parece tuviera un impacto muy negativo en sus cuentas. Los ingresos por banda ancha suponen el 41,2% de los ingresos estimados de la operadora en España para el presente ejercicio 2015.
Los planes de Telefónica pasan por alcanzar un total de 18 millones de hogares, siempre y cuando la regulación no perjudique la inversión, aunque fuentes de la compañía señalan que en la CNMC existe un cierto grado de desconocimiento del sector de las telecomunicaciones a nivel global y que los funcionarios que conforman la nómina del organismo tienden al intervencionismo más que a la regulación.
Si el objetivo de Telefónica es llevar la fibra al 97% de la población y llegar a los potenciales clientes antes que sus rivales, la norma de la CMNC acaba precisamente con uno de los más elementales principios de la competencia, ya que si los rivales pueden utilizar la fibra de Telefónica en la mayor parte de España sin necesidad de ningún esfuerzo inversor, parece lógico que, tanto Telefónica como sus rivales, pierdan interés en participar activamente en esa carrera.
No pinta nada bien la confrontación entre el regulador y la multinacional española y ésta última ya ha dejado patente la posibilidad de replantear muchas de las inversiones previstas, lo que supondría unas consecuencias graves e inmediatas, ya que España perdería el liderazgo europeo en fibra, pese al gran despliegue efectuado hasta ahora, a la vez que se incrementaría el desfase frente a EE.UU. y Asia.
No parece ser éste un buen momento para entorpecer el potencial de crecimiento de un sector tan vital para la recuperación económica como el de las telecomunicaciones, con una importancia cada vez mayor en la denominada sociedad del conocimiento y de la información que, se supone, deberían ser la base de todo crecimiento económico que se precie.
