La ley de 22 de julio de 1961 estableció para las mujeres el acceso a los puestos de la función pública en idénticas condiciones que los hombres, pero fijando para ellas unas limitaciones, entre las que figuraba la imposibilidad de acceder a la carrera judicial, en sus diferentes puestos de jueces, magistrados y fiscales. Cinco años más tarde, la ley de 28 de diciembre de 1966, deroga esa prohibición expresa y se abre el camino para que las mujeres pudieran optar para esos cargos.
Así lo explicaba José Luis Ortiz-Cañavate en ABC, en 1987, justo cuando se cumplían diez años desde que Josefina Triguero Agudo (Madrid, 1946) ganara las oposiciones para juez de Primera Instancia e Instrucción, en la convocatoria de 1977. Se convirtió así en la primera jueza española.
Por increíble que pueda parecer hoy en día, hasta el año 1966, el acceso de las mujeres a la carrera judicial estaba expresamente prohibido, como otras muchas cosas, entre ellas, abrir una cuenta en el banco sin el permiso del marido o tramitar un pasaporte, como resalta la página de Facebook del Consejo General del Poder Judicial.
No fue fácil romper aquella barrera. «Nadie se creía que yo era juez. Buscaban a un señor con bigote». Explicaba la jueza Triguero en una entrevista a “El País” en 2011, con motivo de la concesión del premio Manuel de Irujo, creado en 2001 por el Gobierno vasco para reconocer a personas o colectivos que dan testimonio de su compromiso en defensa de la Justicia y la promoción de sus valores.
Había una creencia muy arraigada en contra de las mujeres en la carrera judicial, como explicaba Josefina Triguero: “se pensaba que la mujer no debía ser juez porque es todo corazón. Escuché esto muchas veces, aunque no se decía exactamente que teníamos buen corazón, sino que éramos sensibleras. Costó. La sociedad no estaba preparada para algo así”.
Cuatro años antes, en 1974, Belén del Valle Díaz (Cangas de Onís, 1943), licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, también hizo historia por ser la primera mujer en aprobar las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y fiscal, aunque ella optó por hacerse fiscal. Se jubiló en 2013, después de ejercer durante 39 años.
Pudo haber optado por hacerse juez, pero al acabar la carrera preparó la oposición para la Escuela Judicial con José Luis Noriega, un fiscal de Madrid, y le gustó mucho cómo era y cómo trabajaba. “Quizá por eso tomé ese camino”, explicaba a la Nueva España con motivo de su jubilación. Y en esa entrevista, reconoce que es de lágrima fácil, pero no por eso su trabajo era menos concienzudo que el de sus compañeros.
Casi medio siglo después, la mayoría de fiscales en España son mujeres, pero, como ocurre en otros muchos ámbitos, los hombres copan las jefaturas en un 65 por ciento. En la actualidad, como recogía EFE hace unos días, ejercen en nuestro país 2.471 fiscales, de los que 1.573 (un 63 por ciento) son mujeres, mientras que el resto, 898 (un 37 por ciento) son hombres.
Pese a que las mujeres son mayoría, en 2016 el 65 por ciento de los puestos directivos de la carrera fiscal estaban cubiertos por hombres, según reflejan los últimos datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Se consideran como puestos directivos a los fiscales de Sala, fiscales superiores, fiscales jefes provinciales y fiscales jefes de Área. El porcentaje de jefes que son hombres es más elevado en los sectores de mayor edad.
Madrid es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de mujeres en su plantilla de Fiscales, donde el 78% son mujeres. De nuevo el porcentaje en los órganos centrales favorece a los hombres (59%), que son a la vez los que mayores medias poseen de antigüedad y edad.
Mucho camino aun por recorrer para las mujeres fiscales. Eso sí, como explicaba Belén del Valle a “La Nueva España”, su trabajo no tiene nada que ver con el “malvado” fiscal de las películas americanas. “La justicia española no es como la americana. Por ejemplo, aquí los presos siempre quieren hablar con los fiscales, porque se fían de nosotros. Saben que aplicamos la ley sin trabas y con justicia. Prueba de ello es que a veces se consiguen acuerdos que rebajan las penas que se les solicitaban inicialmente”.
