Tracy Betts - Esta columna fue publicada originalmente en el blog Primeros Pasos del BID.
Hace poco compartí los resultados de una interesante encuesta comisionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que cerca de 33.500 encuestados de toda la región manifestaron sus prioridades en términos de infraestructura sostenible e incluyente. Al preguntarles qué consideran más necesario para mejorar la economía de su país, ¿cuál crees que ha sido la respuesta?
La respuesta fue sumamente clara. Las escuelas fueron clasificadas como la prioridad de infraestructura más importante en América Latina y el Caribe. Esto no es una sorpresa.
Otra encuesta previa que buscaba captar las consideraciones sobre los desafíos más urgentes para el desarrollo en la región, colocó en primer lugar a la educación y al desarrollo infantil temprano.
En esa encuesta, nos acercamos a actores de interés para el BID, en su mayoría clientes, pero también clientes potenciales. Estuvieron representados desde secretarios de gabinete y ejecutivos, hasta funcionarios de gerencia intermedia en los sectores público y privado (48% y 20% respectivamente), académicos (12%) y sociedad civil (18%), a quienes se les pidió seleccionar sus primeras cinco prioridades dentro de 20 diferentes opciones. Respondieron cerca de 4.000 personas de los 26 países prestatarios y los resultados fueron ponderados con base en el historial crediticio de cada país con el BID.
Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay colocaron en primer lugar a la educación y al desarrollo infantil temprano dentro de los retos más urgentes para el desarrollo, mientras que para Argentina, México y Venezuela fueron la protección social y pobreza.
Estos resultados son particularmente importantes a la luz de los considerables avances de la región en materia de protección social y reducción de la pobreza durante la última década, así como en educación y desarrollo infantil temprano. De acuerdo con el Pulso Social de América Latina y el Caribe 2016 del BID, los ingresos familiares han aumentado a pesar de las diferencias entre los países y dentro de ellos. Parte del incremento se debe gracias a los programas de transferencias condicionadas que típicamente requieren a las familias asegurar que sus hijos asistan a la escuela y reciban atención médica regular.
Entre 1995 y 2014, la asistencia escolar entre jóvenes de 13 y 17 años aumentó del 70% al 84%. Y tan solo con el financiamiento del BID, más de 20.5 millones de estudiantes se beneficiaron de proyectos educativos entre 2012 y 2016, además de 23 millones de beneficiarios con programas para la erradicación de la pobreza e inclusión social. Estas ganancias también pueden atribuirse a la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral, considerando que su contribución al ingreso de los hogares aumentó de 28% en 1996 a 35% en 2014.
Inversión social para reducir la desigualdad
A pesar del progreso alcanzado, prevalece una necesidad y demanda de inversión social. América Latina y el Caribe continúa registrando la más alta desigualdad de ingresos del mundo. El desempleo juvenil ha sido del 15% en las últimas dos décadas, lo que es tres veces mayor al desempleo promedio de los adultos. Todavía hay escuelas en la región que carecen de condiciones básicas para el aprendizaje y desarrollo de habilidades, particularmente en zonas rurales, con estudiantes de escasos recursos socioeconómicos y/o de comunidades indígenas. En general, sólo el 23% de los estudiantes tiene acceso a laboratorios de ciencias y como los países están aumentando el acceso a la educación preescolar, hay una continua necesidad de invertir en infraestructura escolar adecuada.
En cuanto a hospitales, aunque la mayor parte de la región carece de costos precisos para la inversión de capital, el BID estima la necesidad de remodelar la infraestructura existente, construir nuevas instalaciones y equiparlas adecuadamente por un aproximado de 139 mil millones de dólares. El cierre de esta brecha requerirá mucho más inversión de la proveída actualmente.
Capital físico y capital humano van de la mano
En una era en la que la comunidad del desarrollo está preocupada justamente por cerrar la brecha en infraestructura, debemos seguir invirtiendo en los sectores sociales si queremos erradicar la pobreza extrema para el 2030, el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El capital físico sin capital humano adecuadamente calificado se traduce en un rendimiento y productividad sub óptimos. Y por supuesto, eso significa continuar invirtiendo en la educación, salud y el desarrollo de habilidades de todos los hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, de todos los orígenes.
La buena noticia es que en las cinco Estrategias de País aprobadas por el BID el año pasado (Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica y Surinam), los gobiernos dieron prioridad al apoyo financiero y técnico del Banco en los próximos años para intervenciones que se alineen con los sectores sociales. Con apoyo del BID, los gobiernos se esforzarán en progresar para dar fin a la pobreza (1º ODS) y también en avanzar la educación de calidad (4º ODS), el trabajo decente y crecimiento económico (8º ODS), la reducción de las desigualdades (10º ODS) y las alianzas para lograr los objetivos (17º ODS).
Hablando de alianzas, a la luz de la incertidumbre fiscal y el crecimiento más lento que marca gran parte de la región, debemos continuar explorando formas innovadoras de satisfacer esta demanda de inversión social, pues no podemos depender exclusivamente del financiamiento gubernamental. Por ejemplo, a través de alianzas con el sector privado- empresas privadas, sin fines de lucro, fundaciones y multinacionales- los países pueden acelerar los beneficios de la productividad y reducción de la desigualdad. Independientemente de si los servicios sociales son proporcionados por el sector público o privado o una combinación de ambos, lo que realmente importa es asegurar que estamos logrando los resultados de desarrollo deseados.
