Hoy se vota en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocido como Ley de Startups. "Una auténtica revolución para la transformación del tejido productivo", asegura Francisco Polo, el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, con quien Innovaspain ha tenido la oportunidad de conversar a escasas horas de que se tramite una medida que llega a su recta final tras la aprobación del texto por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital el pasado 13 de octubre –por 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones–.
La Estrategia España Nación Emprendedora articula 50 medidas para transformar las bases productivas del país con el fin de convertir el emprendimiento innovador en el rompehielos para un nuevo modelo económico. Se apoyará en los sectores tractores de España y aplicará políticas transversales "para no dejar a nadie atrás", puede leerse en el dictamen de la comisión. La Estrategia constituye un elemento clave en el diseño y la articulación de una serie de proyectos incluidos en el programa de reformas estructurales e inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su componente 13 de Impulso a la pyme.
"Es una Ley a la altura de la ambición de nuestros emprendedores y emprendedoras, diseñada para favorecer la atracción de talento e inversiones con una mejora radical en el tratamiento fiscal de las stock options y una simplificación del proceso de obtención de visados y las autorizaciones de residencia. También incorpora mejoras importantes en el régimen fiscal de impatriados", revela Polo a este periódico.
2021 se cerró con la mayor cifra de inversión en startups de la historia de España: 4.207 millones de euros, lo que ha supuesto cuadruplicar los números de años anteriores. Según la mayoría de proyecciones, seguramente 2022 termine con cifras muy similares a las del año pasado y hay análisis que anticipan que incluso se superarán. "La Ley de Startups va a suponer un fuerte impulso a un sector que ya es extremadamente dinámico. Al eliminar muchas de las barreras que el sector encontraba hasta ahora y generar un nuevo marco jurídico más favorable, estoy seguro de que el sector empezará a beneficiarse en cuanto las medidas entren en vigor".
Menos burocracia, más inversión
Probablemente, uno de los apartados de mayor relevancia tanto para los emprendedores como para el propio ecosistema innovador sea el de la inversión. "Eliminamos la burocracia con el objetivo de facilitar los procesos de inversión por parte de inversores extranjeros no residentes en España", adelanta Polo. Por ejemplo, antes de esta ley era obligatorio que los inversores extranjeros tuvieran que obtener un NIE, lo cual actuaba como efecto disuasorio por la complicación del proceso. "Ahora, con la Ley de Startups, se ha establecido un único requisito: la solicitud de un número de identificación fiscal a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que simplifica el proceso", añade Francisco Polo.
El Gobierno aspira a que las medidas contempladas en la Ley –con Enisa a la cabeza como entidad certificadora del carácter innovador de la misma– no solo permitan competir con los países de nuestro entorno. "Están diseñadas con la ambición de convertir a España en la mayor potencia continental del emprendimiento innovador", asegura Polo, que incide en la mejora del tratamiento fiscal de las stock options, "una herramienta fundamental para atraer y retener talento a las empresas emergentes".
Con el modelo que establece la Ley, España supera los regímenes de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Portugal. En el caso específico del Reino Unido, mencionado en los foros emprendedores como uno de los mejores ejemplos, la exención es aplicable durante un plazo de 3 años con un total de casi 300.000 euros, mientras que en España el plazo es de 10 años con un total de 500.000 euros.
Para favorecer la atracción de talento internacional, la ley facilita la obtención de visados y autorizaciones de residencia y amplía su vigencia, situando a España a la altura de países como Francia, Portugal, Estonia, Croacia y Países Bajos. En relación al carried interest, por primera vez España establece un tratamiento fiscal específico para las retribuciones obtenidas por la gestión exitosa de entidades de capital riesgo en todo el territorio nacional. "Esta es una medida fundamental para el establecimiento de sociedades gestoras de capital riesgo en España y canalizar inversiones a nuestro país y con ella, España ya puede competir con países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia", zanja Francisco Polo.