Contrataciones de investigadores, incluso las temporales, que acumulan meses de retraso; demora del uso efectivo de fondos y créditos; dificultades para comprar material e instrumentos dentro del sistema público de investigación. Estas son algunas de las situaciones que se quieren combatir con las medidas urgentes que, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad, el Congreso de los Diputados convalidó en el día de ayer por unanimidad.
Esta batería de medidas, que incluye diez cambios legislativos que modifican normativas y varias leyes, persigue que los profesionales puedan centrarse en su trabajo de generación y transferencia de conocimiento, y puedan así competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador. En palabras del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se trata de poner punto final a una “situación de deterioro muy preocupante” en el que había entrado el sistema público.
En su intervención en la Cámara Baja, Duque ha ido desgranando unas actuaciones, ya aprobadas por el Consejo de Ministros, que pretenden facilitar las tareas administrativas y dar solución a “problemas agudos”. El Real Decreto–ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad pretende “revitalizar nuestro sistema público de I+D+i facilitando la labor de los investigadores”.
“La inversión en estas materias ha sufrido un retroceso claro en la última década”, se ha lamentado el ministro, criticando que a este descenso se ha sumado un aumento de las tareas administrativas. Por eso, y aunque ha reconocido que el sistema necesita mayor esfuerzo presupuestario, ha asegurado que “lo más urgente no era el incremento de fondos, sino las medidas que hoy [por ayer] traemos para su aprobación”.
No se solucionan así todos los problemas del sector de la ciencia, pero es, en palabras del ministro, “un primer paso” que tiene que ir acompañado de más acciones. Tras repasar la actividad realizada por el departamento que él lidera, Duque ha anunciado que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros el Estatuto del Personal Investigador en Formación. Además, están ultimando la tramitación para la homologación de retribuciones entre los diversos agentes de la investigación científica.
“A finales de abril quedarán muchas más cosas por hacer –ha dicho en su discurso ante el resto de diputados–. Por supuesto, nuestro deseo sería tener unos años más para llevar el plan a cabo y no renunciamos a ello. Sin embargo, el Plan debería estar por encima de Gobiernos y partidos y, como mínimo, esperamos que España tenga pronto de nuevo un Gobierno donde la universidad, la innovación y la ciencia básica se traten conjuntamente en un mismo departamento ministerial específico y con un equipo de gente técnica que venga desde abajo”.
Medidas concretas
Intervención previa en Organismos Públicos de Investigación:
Entre las medidas para reducir los trámites y trabas burocráticas, el Real Decreto-Ley sustituye la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), recuperando la situación de 2014 (el control financiero permanente), una demanda del personal investigador para mejorar el funcionamiento de estos Organismos. “La intervención previa –en palabras de Duque– ha supuesto retrasos importantes en la contratación de servicios y personal”.
Contratación ágil y estable para investigación en universidades y centros de investigación:
El Real Decreto-Ley modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPIS ya aprobada el 25 de enero, contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes.
Otro de los cambios que introduce el Real Decreto-Ley permitirá a los Organismos Públicos de Investigación elaborar informes-tipo anuales para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.
Agilizar la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos:
Los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos (por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad).
Agencia Estatal de Investigación:
La nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación. De esta manera, se busca liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.
Igualdad de oportunidades entre investigadores:
El Real Decreto-Ley modifica también la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. Esta ha sido una medida muy reclamada para mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores, en especial la de las científicas madres, y se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
“Esta era una medida largamente demandada por las mujeres para reducir la gran desventaja que sufrían en el desarrollo de su carrera profesional si decidían bajar temporalmente su capacidad de trabajo para ser madres, ha señaldo el ministro.
Préstamo Renta-Universidad:
El Real Decreto-Ley recoge mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo. Se prevé que esta medida podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago.
Duración de los convenios adecuados a las necesidades científicas:
Se modifica la Ley de la Ciencia para ampliar la duración de los convenios de investigación. En el caso de convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos se amplía el periodo de vigencia de estos convenios hasta los 17 años. Además, los convenios para consorcios podrán tener vigencias más largas si así lo exige el proyecto científico o por la naturaleza de las inversiones.
Otras medidas:
Los centros de investigación, así como los consorcios y fundaciones podrán concertar operaciones de crédito directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. De esta forma, se evitarán los retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras de centros de investigación. Algunos ejemplos de créditos de estas características son la reparación y renovación de buques oceanográficos o nuevos equipos de grandes instalaciones científicas.
La última de las diez medidas aplica a los Parques Científicos y Tecnológicos que acrediten encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con sus obligaciones de pago de préstamos o anticipos concedidos en virtud de las convocatorias gestionadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En estos casos, y supeditado a la presentación de un plan de viabilidad, se aplazarán las cuotas de amortización de lo adeudado en estas convocatorias del Ministerio.
