Ante el Congreso de los Diputados, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, defendió el Real Decreto–ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad como un paso necesario para poner el punto final a una “situación de deterioro muy preocupante” en el que había entrado el sistema público. Antes incluso que aumentar las partidas presupuestarias (también reconoció esa necesidad), argumentó que era imprescindible facilitar la labor de los investigadores. En otras palabras, simplificar sus labores administrativas para que se centren en hacer ciencia.
Pero ¿qué opinan los destinatarios de estas medidas? Gran parte de ellos se sitúan en el marco académico, ya que el 65 % de la actividad investigadora de este país se realiza en las universidades. Su Conferencia de Rectores, la CRUE, da la bienvenida a dichas actuaciones, pero las considera “insuficiente” porque no se abordan “los grandes retos de financiación, estructurales y normativos, que servirían para colocar a la investigación española en el lugar que le corresponde a nivel internacional”.
Sí reconocen que el nuevo Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros supone “un avance en la resolución del problema causado a los estudiantes adjudicatarios de los préstamos renta Universidad”. Pero consideran que falta claridad en cuestiones como las modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ya que “se simplifica la tramitación de los expedientes de los contratos menores, pero se mantiene la duda de si el límite cuantitativo de 50.000 euros previsto en la norma para este tipo de contratos se puede considerar o no a nivel de proyecto de investigación”.
“Otra de las cuestiones que inicialmente es positiva, pero no queda suficientemente aclarada en la nueva norma, es la posibilidad de realizar contratos indefinidos para el desarrollo de proyectos y planes de investigación concretos –continúan desde la CRUE–. Con la información disponible, se mantiene la incertidumbre sobre aspectos como la modalidad contractual a desarrollar, o sobre si otras normas podrían afectar a lo regulado en este sentido por el nuevo Real Decreto-Ley”.
Control financiero y no fiscalización previa
Para la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), “los cambios normativos que propone el Real Decreto atienden a la especificidad del sistema de I+D+i dentro del sector público y ayudarán a flexibilizar y mejorar el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades”. “Se reducen las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos y se agiliza la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos”, añaden. Asimismo, destacan “el refuerzo de la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes que recoge esta nueva normativa”.
El director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Carlos Alejaldre Losilla, también realiza una balance muy positivo, ya que se incluyen “medidas con impacto sobre los diferentes agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación”: parques científicos, jóvenes universitarios, temas de género y conciliación familiar, mejora de la gestión de las subvenciones que concede la Agencia Estatal de Investigación, etc. Pero, en su opinión, “la medida más importante” para los Organismos Públicos de Investigación es “la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente”.
“La aplicación práctica de fiscalización previa, restituida en los Organismos Públicos de Investigación en el año 2014, por la que todas las decisiones del centro que impliquen gastos deben ser previamente aprobadas por la intervención delegada, junto con otras medidas aprobadas desde el año 2012 sobre aspectos básicos de la gestión económica, de recursos y de alianzas, habían llevado a los OPIs a una situación que hacía muy difícil su funcionamiento y el cumplimiento de los compromisos”, critica Alejaldre Losilla.
La puesta en marcha de este cambio en la forma de control, recogido en el artículo 3 del real decreto ley de medidas urgentes, “ha sido muy reclamado, era muy necesario y es, por tanto, muy bienvenido”, explica. “Organismos como el CIEMAT están ahora en mejor disposición para recuperar la competitividad frente a otros centros de investigación nacionales e internacionales que no han estado sometidos a fiscalización previa como son las universidades, el CSIC, los institutos de investigación sanitarios, los centros de investigación de la Comunidades Autónomas –concluye–. Nos quedan muchos retos por delante que asumimos ahora con más ilusión y herramientas”.
Brecha con otros países
Por su parte, el director general de Cotec, Jorge Barrero, considera que estas medidas urgentes para impulsar la ciencia que ha aprobado el Gobierno “ayudarán al sistema nacional de I+D+I a recuperar buena parte de la autonomía y la agilidad de acción que se había venido perdiendo desde 2014”. Por eso cree que estamos ante “una buena noticia y una razón para recuperar la confianza en la política científica”.
“La progresiva pérdida de peso del conocimiento en nuestro sistema productivo, que según los últimos datos del INE empezó a corregirse en 2017, no es fruto de la casualidad ni señal de que la ciencia española esté abonada al fatalismo; es señal de que si ni el Gobierno ni el Parlamento creen en el conocimiento y apuestan de verdad por él, a través de los presupuestos, de reformas legales y de la eliminación de trabas burocráticas, todo lo que se gana unos años se pierde rápidamente en los siguientes, prolongando nuestra brecha con las economías más fuertes en Europa y el mundo”, advierte.
Desde fuera de España
En Innovaspain también hemos querido conocer las reacciones que ha provocado entre aquellos investigadores españoles que tuvieran que dejar su país para labrase un futuro profesional en el campo de la ciencia. Por eso hemos preguntado a la Red de Científicos Españoles en México (Recemx), cuyos miembros reciben positivamente las medidas del ministerio de Pedro Duque, pero creen que todavía quedan muchos pasos por dar en la misma dirección.
Valoran que las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España dan “certidumbre laboral” a un sector que “ha sufrido una constante precarización de su mercado de trabajo, así como la huida constante a otros países de una parte importante de sus mejores promesas”, tal y como afirma Antonio Taguenca Belmonte, profesor Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México). También subraya que se posibilite que sean los propios científicos, en las OPI, quienes gestionen sus recursos
A pesar de ello, lamenta que no se trata de “una solución integral”. El problema es que las acciones “se quedan cortas” porque se dirigen “solo hacia el sector público” y “sin tener en cuenta la participación del tejido productivo del país no es posible generar el valor añadido que posibilite empleo de calidad y duradero
En la misma línea, Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAMy vocal de Difusión de Recemx, afirma que “las diez medidas que se han aprobado parece que van a ayudar a aligerar la carga administrativa de los investigadores. Eso es algo muy bueno porque permitirá que los investigadores dediquen más tiempo a su investigación y menos a resolver trámites engorrosos; ojalá se tomaran medidas de este tipo también aquí en México”.
“Sin embargo, creo que estas medidas deben de ir acompañadas de un aumento importante en la inversión en ciencia para que todo lo ganado en las últimas décadas no se pierda –continúa–, ni el conocimiento generado ni los científicos formados en España, que nos tenemos que ir a trabajar a otros países en los que sí tenemos las condiciones adecuadas para desarrollarnos”.
