Esta entrevista fue realizada por Irene Lapuerta Murillo (CSIC Cultura Científica). MariaCaterina La Barbera estudia las políticas públicas en materia de igualdad poniendo el foco en las mujeres migrantes. Su conclusión es que estos esfuerzos fracasan cuando se plantean de forma segmentada. “Hay políticas para las mujeres, para la integración de las personas migrantes, para personas con discapacidad; pero una persona no es solo mujer, o solo migrante, o solo persona con discapacidad”, explica.
La investigadora del CSIC en el Instituto de Filosofía apuesta por adoptar una visión integral de las situaciones individuales y colectivas. También apunta a la necesidad de formar a las personas que trabajan en las instituciones públicas para que sean capaces de reconocer la intersección entre distintas estructuras sociales que crean desventaja y puedan diseñar mecanismos e instrumentos que garanticen verdaderamente los derechos.
“Mi investigación abarca la teoría y la praxis de los derechos humanos, y concretamente se centra en las discriminaciones por razón de género y por estatus migratorio. Mis campos de especialización son la filosofía y sociología jurídica y la teoría critica feminista”,detalla. Desde aquí, estudia el derecho y las políticas públicas en materia de igualdad para ver sus posibles efectos indeseados.
La investigadora parte de la base de que existe una discriminación estructural. “Es decir, que las estructuras sociales crean desventajas sistemáticas para algunos individuos y colectivos en el acceso a recursos y derechos. Si las instituciones no modifican ese punto de partida, las desigualdades se reproducen. Otra idea clave es la interseccionalidad, es decir que las desigualdades están interconectadas y que, si el derecho o las políticas públicas las tratan por separado, de forma segmentada, terminan por crear efectos indeseados”.
Mujeres migrantes y responsabilidad institucional
MariaCaterina La Barbera ha puesto el acento de su trabajo en las mujeres migrantes. “Se encuentran en la intersección entre estructuras de género que las perjudican, desigualdades socioeconómicas, discriminación racial o por origen étnico, por orientación social, por discapacidad, pero también se enfrentan a la frontera, que crea un dispositivo de acceso desigual a recursos y derechos”.
Los resultados de su investigación han puesto en evidencia que es necesaria una visión integral de las situaciones individuales y colectivas. “Hay que comprender esa complejidad, pero también formar al personal de las instituciones para que pueda reconocer la intersección entre distintas estructuras sociales que crean desventaja y diseñar mecanismos e instrumentos para poder garantizar los derechos”.
En este sentido, su objeto de estudio es tanto la legislación como la jurisprudencia, pero también los planes de actuación de las instituciones públicas. “Me muevo en un campo híbrido entre el texto normativo y lo que ocurre cuando las instituciones ponen en práctica normativas con la intención de eliminar las desigualdades. Mi experiencia, como mujer migrante en España, me proporciona una perspectiva distinta y me lleva a hacer una pregunta más cuando estudio un caso de discriminación de género: ¿el estatus migratorio, la situación socioeconómica, la religión o la etnia, condicionan el contexto? Son preguntas para desarticular ese pensamiento segmentado y separado. El conocimiento es situado: cómo interpretamos la realidad social depende de quienes somos y de nuestras experiencias. Esto no es una debilidad para la investigación. Nos permite comprender la realidad y su complejidad, a partir de nuestra diversidad y proponer así soluciones para transformarla”.
Interseccionalidad
MariaCaterina La Barbera añade que la interseccionalidad ayuda a entender la situación social, individual y colectiva, tanto en el privilegio como en la exclusión. “Todas las personas podemos encontrarnos en ambas situaciones, y no estamos en la misma situación de forma permanente. Evidentemente hay estructuras sociales y jerarquías que ubican a personas en situaciones de desventaja, como las estructuras de género, las desigualdades socioeconómicas, la orientación sexual o el estatus migratorio. No es lo mismo ser una mujer nacional que una mujer que no tiene la nacionalidad o permiso de residencia. No todas las mujeres nos posicionamos de la misma manera frente al acceso a los recursos y a los derechos. Cuando se piensa en una política de igualdad, hay que pensar en la diversidad entre las mujeres. A su vez esto hace que se vuelva a pensar en sus necesidades, que son distintas y no coinciden”.
¿Qué supone entender la igualdad en términos segmentados? Maria Caterina La Barbera responde que las políticas y la normativa en materia de igualdad están pensadas siguiendo el modelo de segmentación. “Hay políticas para las mujeres, para la integración de las personas migrantes, para la promoción de las personas LGTBI, para personas con discapacidad. Pero una no es solo mujer, o solo migrante, o solo persona con discapacidad, o solo una persona perteneciente a una minoría étnica o religiosa. Somos muchas de ellas o todas a la vez. Ser mujer migrante o con discapacidad te posiciona de una manera distinta comparado con una mujer nacional que tiene todas las funciones físicas y mentales habituales. Esto es algo fundamental a nivel teórico pero que tiene un impacto práctico importante. Por eso mi investigación también tiene una parte cualitativa para estudiar las concepciones que hay detrás de quienes trabajan en las instituciones”.
Trabajo por delante
“Queda mucho por hacer, pero no solo en España sino también a nivel internacional”, asegura la investigadora. Después de la Segunda Guerra Mundial se alcanzó un consenso sobre la necesidad de proteger los derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, los derechos de cualquier persona, en cualquier condición, en cualquier territorio, están lejos de ser realidad. A pesar de que hay países con políticas y un marco normativo que garantizan los derechos humanos sobre el papel, luego en la actuación se crean situaciones de discriminación no deseadas”.
La experta opina que poner en marcha toda esa maquinaria segmentada que subdivide las competencias para protegerlos ha supuesto un enorme esfuerzo e inversión de recursos y conocimiento. “Sin embargo, hace falta una coordinación tanto horizontal dentro de las instituciones como vertical. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ofrecía alojamiento para las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, pero el permiso de residencia no lo otorga esta institución, ya que es de competencia nacional. Por tanto, si no hay una colaboración, no es posible garantizar los derechos. Si eres mujer con discapacidad y migrante, caes entre las brechas de estas instituciones segmentadas. Esto supone una revolución en la manera de pensar la administración pública”.
En un contexto global, MariaCaterina La Barbera percibe que las fronteras “son clave” si hablamos de derechos humanos y cambio global para entender la situación contemporánea. “El mundo actual está fronterizado. Todos los intercambios de comunicación y de bienes ocurren continuamente a través de ellas. Sin embargo, no todas las personas pueden cruzarlas en igualdad de condiciones y algunas solo pueden hacerlo sin derechos. Si no hablamos de fronteras, no se puede entender qué significan los derechos humanos para las personas migrantes. Y no hablo solo de las personas que las cruzan de forma irregular, sino también de quienes lo hacen con un permiso de residencia en el país donde viven y trabajan, pero no tienen derecho a todo lo que tiene una persona nacional de ese país”.
Desigualdades añadidas
Por otra parte, en lo que atañe a los derechos de las mujeres migrantes, La Berbera considera que hay que tener en cuenta distintos ejes estructurales de desigualdad: además del género, las desigualdades creadas por la frontera relacionadas con el estatus migratorio y la discriminación racial o religiosa. “Además, las mujeres migrantes desempeñan un trabajo fundamental de cuidados, no reconocido, en un ámbito invisibilizado como el hogar de una familia que no es la suya, y en condiciones, a veces, de irregularidad. Esto perjudica su condición en comparación con la de los hombres migrantes. En ocasiones ellas dejan atrás su familia, y no pueden conseguir con facilidad sus papeles para acceder a los derechos como residentes en el país, o ven afectada su integración social. Se añaden factores y obstáculos. Si no se tiene esta mirada interseccional, donde se consideran distintas estructuras que crean desventajas, y seguimos miramos solo al género, perdemos otros elementos que sirven para entender la complejidad de la situación y proporcionar soluciones”.
Uno de los problemas a los que se enfrentan estas mujeres es que siguen siendo un colectivo muy pequeño comparado con la población en general, y no tienen derecho a voto. “Pueden hacerse oír, pero por canales que no son los de la participación democrática tradicional. Es un lujo participar cuando tienes que luchar por la supervivencia, porque tu sueldo no te permite llegar de forma digna a final de mes. No tienes ni las energías ni el tiempo para manifestar tus necesidades en la arena pública. Entonces se crea un problema de justicia redistributiva, de reconocimiento y de participación, que son los tres grandes ejes de la justicia social”.
Una de las soluciones, pasaría por generalizar las fronteras de justicia. “La dimensión de la desigualdad de género, mirada a través de la frontera y del estatus migratorio, hace necesario repensar la justicia más allá del territorio del estado nacional, que es la institución que distribuye los recursos y da acceso a los derechos. Porque esto solo se puede entender en una dimensión internacional y global. Pensamos que una persona migrante es inmigrante en España, pero es emigrante de Ecuador. Quien ha llegado aquí, ha dejado atrás otro país. Si no se mira toda la trayectoria de la migración, del país de origen al de destino, y cuál es la relación con el país de residencia, no se puede entender la situación en su integridad”.
