Por Rodrigo Serrano-Berthet - Esta columna fue publicada originalmente en el blog Sin Miedos del BID.
¿Enfrentan las mujeres los mismos desafíos al momento de reinsertarse en la sociedad que los hombres? ¿Están las cárceles y las políticas de reinserción diseñadas teniendo en cuenta estas diferencias? Lamentablemente, con algunas excepciones, las respuestas son negativas.
En el blog anterior les contamos la importancia de apoyar el trabajo de reinserción social de mujeres privadas de libertad. En este blog les queremos contar lo que estamos haciendo en Chile en este sentido.
Perspectiva de género
El sistema penitenciario y sus componentes han sido diseñados pensando en los hombres. Desde la infraestructura, los protocolos de seguridad, las oportunidades de capacitación y empleo, hasta los programas de rehabilitación y reinserción. Y esto obedece principalmente a que la mayoría de la población penitenciaria es masculina. Esto es así en Chile, en la región y en el mundo. En Chile, por ejemplo, sólo el 7,5% de la población penal es de sexo femenino, similar al promedio mundial.
La baja representación de las mujeres en la población penal no quiere decir que se trate de un segmento poco relevante. Las mujeres que se involucran en el crimen y el delito tienden a presentar necesidades psicosociales y de salud mental que son excepcionales en prevalencia, severidad y complejidad.
También tienen mayor probabilidad de tener hijos dependientes, quienes se encuentran en alto riesgo de ser alejados de su familia nuclear al encontrarse su madre en privación de libertad.
Asimismo, la probabilidad de que las mujeres en conflicto con la ley hayan sido víctimas de violencia doméstica o abuso sexual es desproporcionadamente alta. Así como también lo es la probabilidad de que durante su paso por el sistema de la justicia y penitenciario sean víctimas de abuso o violencia por parte de funcionarios, u otros privados de libertad.
A su regreso al hogar, una vez cumplida la pena, las mujeres suelen sufrir más la estigmatización y el rechazo de sus comunidades, y de sus familias, lo cual hace aún más complejo el ya difícil proceso de reinserción económica y social.
¿Qué hacer?
Se pueden hacer muchas cosas, como lo indican las Reglas de Bangkok, que establecen como tratar las mujeres reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres que han delinquido. Y el gobierno de Chile viene haciendo varias de ellas, como tener una política de diferenciación positiva, con espacios y condiciones adecuados para el cuidado pre y post natal, así como para la atención de lactantes.
Cuando se les pregunta a las mujeres privadas de libertad: qué es lo que les ayudaría a reinsertarse, en el caso de Chile el 70% contestó: apoyo para tener un microemprendimiento.
Ellas saben que lo que primero que tienen que reconstruir cuando salen de la cárcel son sus familias, y privilegian una forma de ganarse la vida que les permita estar cerca de sus hijos. Que les dé flexibilidad para atender a su familia. Que les dé independencia para no tener que sufrir la discriminación laboral por un pasado que quieren dejar atrás.
Una charla entre dos “banqueros” y una idea que surge
Fue a partir de compartir esta información que a dos banqueros se les ocurrió una idea:
¿Qué tal si la institución más importante de microcrédito de Chile se une con la institución de mayor conocimiento en seguridad ciudadana y reinserción social de la región para facilitar el acceso de mujeres privadas de libertad a microemprendimientos económicos a través del microcrédito?
Con esa idea en mano, armamos un equipo de trabajo para llevarla adelante entre el Banco Estado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Gendarmería de Chile. Por más de un año trabajamos en refinar y enriquecer la idea original.
Lo primero que hicimos fue definir la población beneficiaria de un programa piloto: 160 mujeres del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín (área metropolitana de Santiago) que se encuentren próximas al egreso, y de riesgo de reincidencia medio o alto.
Después nos ocupamos de revisar en profundidad la evidencia científica sobre este tipo de intervenciones y diseñamos una intervención integral, que respondiera a las principales necesidades y desafíos que enfrenta una mujer que sale de la cárcel. Estas se pueden resumir en dos tipos de servicios:
Apoyo psicosocial, a través de terapias cognitivo conductual, para:
- motivar a la persona a cambiar, promoviendo un estilo de vida alejado de la delincuencia;
- atender los problemas de salud mental o abuso de drogas que puedan afectar su reinserción;
- reflexionar sobre los costos personales que ha tenido su participación en delito, tales como sufrir condenas, vivir en la cárcel y alejarse a sus familias e hijos; y
- elaborar un plan para vivir de forma honesta en la comunidad, mediante el acceso a un empleo o el inicio de un micro-emprendimiento, y con acompañamiento psicosocial en la comunidad.
Apoyo a la reinserción laboral, a través de:
- Micro-emprendimientos: se dará capacitación laboral, apoyo para la elaboración del plan de negocios, acompañamiento y asesoría de profesionales especializados, y un capital semilla y un micro-crédito por un total de 400.000 pesos (660 dólares) para poner en marcha el emprendimiento.
- Intermediación laboral para un trabajo en relación de dependencia: no todas las personas tienen vocación microemprendedora. Por eso, a la mitad de las mujeres se las capacitará en empleos con salida laboral, y se las ayudará a conseguir empleos dependientes en el sector privado.
Estos dos tipos de servicios (psicosocial y laboral) generalmente se otorgan de manera separada, lo que disminuye su efectividad. Una de las innovaciones del proyecto es combinarlas en una intervención que durará 14 meses, de los cuales aproximadamente seis ocurrirán en el CPF y ocho en la comunidad.
La otra innovación es lograr que una institución financiera del calibre de Banco Estado (que controla el 70% del mercado de microcréditos de Chile) desarrolle productos financieros y servicios no financieros adaptados a las particularidades de las mujeres privadas de libertad. Si el piloto funciona, Banco Estado extenderá este beneficio para una población mucho más amplia.
El proyecto ya está en marcha
Con financiamiento de una Cooperación Técnica no reembolsable del BID, y a través de un concurso público, se contrató a la ONG responsable de llevarlo adelante: la Corporación Abriendo Puertas (CAP). La CAP, junto con Gendarmería, ya han seleccionada las mujeres beneficiarias, y están comenzando a trabajar con las mujeres en el proceso de motivación al cambio.
La motivación al cambio es algo en lo que tenemos que trabajar todos. Banco Estado, con el apoyo a esta iniciativa, está dando un excelente ejemplo de lo que puede significar ese cambio para una institución bancaria.
Esperamos que el sector privado y otros sectores de la sociedad también se sumen a ese cambio, apoyando a estas mujeres a reinsertarse positiva y constructivamente en la sociedad.
Foto: Andrés María Bartet Bracho
