En pleno corazón de la selva peruana, en el Centro de Salud Santa Clotilde ubicado al norte del país, en la cuenca del río Napo, el doctor Brian Quispe, responsable de tele-consultas, observa las imágenes en tiempo real de una teleecografía a través de un ordenador. Del otro lado de la pantalla se encuentra un auxiliar de enfermería realizando el estudio por medio de un ecógrafo portátil, un aparato que permite identificar problemas durante el embarazo. De esta manera, muchas mujeres de la región han recibido por primera vez una ecografía.
Este es uno de los servicios de telemedicina que ha permitido el proyecto NAPO, una iniciativa de investigación lanzada por la Fundación EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud), el Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la ONG peruana PANGO, el operador de telefonía rural MAYU Telecomunicaciones, donde colaboran Telefónica Perú, y Telefónica I+D. El proyecto ha permitido el despliegue de telefonía 3G a ocho comunidades aisladas, de entre 500 y 700 habitantes, de la selva amazónica peruana.
Tres años después de ser lanzado, NAPO ha sido calificado como un “éxito” por el director de la Fundación EHAS, Ignacio Prieto. “Nos llevó un poco de tiempo analizar el contexto”, relata. El proyecto tenía un alto riesgo, no sabían si iba a funcionar, confiesa. Sin embargo, de acuerdo con Prieto, “era una demanda que las comunidades tenían desde hace tiempo”. “La gente tiene interés en poder comunicarse, apoya el proyecto, lo solicita”, añade.
El proyecto de cooperación público-privada es financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como por la Universidad Politécnica de Madrid, la Comunidad de Madrid, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), desde 2019.
“Se abre un abanico de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la gente”, asegura desde la capital de Perú, Lima, Leopoldo Liñán, integrante del GTR de la PUCP, sobre la iniciativa que pretende llegar a un total de 11 comunidades, y en algunas de ellas llevar redes 4G. Aunque en marzo de 2020 termina el financiamiento, el servicio y las empresas se van a mantener, afirma Prieto.
De acuerdo con Liñán, el despliegue de telefonía ha permitido a los habitantes de la zona mantener un vínculo con sus familiares que viven fuera, además de facilitar el acceso a la información, tanto a profesores y alumnos, como a comerciantes. Algunos funcionarios, que tienen cuentas bancarias, incluso realizan pagos vía internet.
El origen de esta iniciativa es la investigación TUCAN3G, realizada entre 2013 y 2016 por EHAS de la mano de diez socios, entre ellos la UPC, la URJC y la PUCP, que investigaba soluciones de telecomunicaciones sostenibles y de bajo coste para acercar las comunicaciones 3G a comunidades rurales de países en desarrollo.
Dicho proyecto implementó un piloto que demostró la viabilidad técnica de acercar estos servicios a poblaciones menores de 400 habitantes, con un modelo de negocio sostenible basado en la figura del operador de telefonía rural. Años más tarde, Telefónica y Facebook replicaron un proyecto similar, “Internet para todos” con el que llevaron redes 3G y 4G a comunidades remotas de Perú.
El proyecto presenta varios retos. Uno de los iniciales fue la poca familiaridad de las personas con la tecnología, que les generaba “admiración”, recuerda Liñán. Otro de ellos ha sido formar al personal, “que tiene poco conocimiento de la tecnología” y, al haber rotación, se requiere repetir constantemente esa formación, explica Prieto. Otro es la falta de mantenimiento del equipo médico.
A esto hay que sumar el alto precio de los teléfonos móviles –un teléfono básico cuesta unos 60 soles (18 euros). Las recargas, en muchos casos, las tienen que hacer los familiares que viven fuera de las comunidades.
Perú es un país en el que el 2.8 % de la población vive en condiciones de pobreza extrema, y un 17.7 % en condiciones de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El salario mínimo del país es de 930 soles (245 euros) y, en los casos en los que la gente vive en la pobreza extrema, el salario se reduce a 183 soles mensuales (48 euros), 167 soles (44 euros) en la selva. A la problemática económica hay que añadir los fallos en la infraestructura. Las lluvias torrenciales y eléctricas, comunes en la selva, llegan a provocar cortes en los radioenlaces.
Telemedicina para mejorar las condiciones de las comunidades
NAPO no pretende ser una práctica paralela al sistema de salud público, precisa Prieto, sino que busca “reforzarlo”. El programa de telemedicina en la región, que visitaron el pasado 1 de agosto el presidente, Martín Vizcarra, y la Ministra de Salud, Zulema Tomás, permite comunicar a las comunidades que están a lo largo del río, alejadas entre sí por varias horas de viaje en barco. A la distancia hay que sumar el elevado precio de la gasolina, según Prieto.
Este servicio, presente en 13 establecimientos de salud, incluye también tele-estetoscopía para detectar enfermedades respiratorias en niños menores de cinco años. Por medio de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp con imágenes o videoconferencias, los enfermeros pueden consultar a un médico sobre problemas de atención primaria, pese a estar a kilómetros de distancia.
Pero la telemedicina no es la solución a todas las problemáticas de salud en la región. Según Prieto, existe una carencia de médicos y el personal de salud tiene una formación baja. Para Liñán, las herramientas que brinda la telemedicina al personal sanitario no van a mejorar por sí solas las condiciones de salud de las comunidades. Estas necesitan estar complementadas con medicamentos, infraestructura y equipamiento médico, zanja.
