Del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, a la Tierra del Fuego en Argentina, las poblaciones indígenas y negras están siendo amenazadas por el COVID-19. Pero las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema en la región que sigue siendo el epicentro de la pandemia.
“No podemos saber la cantidad exacta que está siendo impactada porque las estadísticas oficiales de los sistemas de salud no tienen marcadores étnicos”, asegura Nemesio Rodríguez, investigador y responsable en Oaxaca (México) del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A raíz de un atlas que Rodríguez y su equipo hicieron sobre megaproyectos, para saber dónde están ubicados y a qué grupos impactan, surgió la idea de hacer uno enfocado en la salud y nutrición de estas poblaciones.
En abril empezaron a recibir mucha información de organizaciones indígenas, negras y de grupos civiles sobre cómo se estaba expandiendo la pandemia entre estos grupos. A partir de estos datos, los investigadores empezaron a realizar un mapa que muestra cómo están siendo impactados por el COVID-19. Según este, a finales de mayo había 148 grupos de 10 países afectados, un mes más tarde sumaban ya 271 de 14 países, y en estos días saldrá la última actualización. Toda la documentación será incorporada a este Banco de Datos, con la colaboración de la Flora García Silva.
Factores de riesgo
Hay varios factores que hacen ser a estas poblaciones más frágiles. Uno de estos es que “no tienen resistencia a las enfermedades que vinieron desde occidente”, lo que hace que su vulnerabilidad epidemiológica sea “tremenda”.
A estos problemas se suma el hecho de que los sistemas de salud son precarios o inexistentes. “No hay hospitales salvo en raros casos”, sostiene y añade que el cambio de alimentación es otro factor de riesgo, que provoca enfermedades como la diabetes, sobre todo en poblaciones que han migrado a las ciudades.
La existencia de los pueblos indígenas está ligada al territorio y estos territorios “están siendo vulnerados permanentemente” por la minería legal e ilegal, la extracción forestal y la ganadería, en muchos casos, con la anuencia de los gobiernos estatales, señala.
“Las personas ligadas a las estructuras de la minería ilegal son vectores de pandemia. Han seguido operando y sus trabajadores contagiados han contaminado a las poblaciones”, afirma.
Hace cerca de tres meses, científicos brasileños advirtieron en una carta publicada en la revista Science que poblaciones indígenas como los yanomami de la Amazonía estaban siendo fuertemente amenazadas, a través de mineros que entraron ilegalmente a su territorio. Hace unos días, sus líderes denunciaron “la visita indeseable” del Ministerio de Defensa brasileño por ponerlos en riesgo, sin siquiera consultarlos. Y es que la pandemia amenaza incluso con desaparecerlos, así como a otras comunidades que habitan en los nueve países de la cuenca Amazónica.
Por ello, según Rodríguez, es posible hablar de genocidio por omisión, al no hacer nada para evitar su desaparición. El alcalde de Manaos, Arthur Virgílio Neto, afirmó también en mayo que había un genocidio de indios en la región, cuando las muertes por coronavirus empezaron a crecer a un ritmo alarmante.
La pandemia representa, asimismo, una amenaza para la Historia de estos pueblos. “A los primeros que afecta el COVID-19 es a los viejos. Son culturas orales que, al morirse los viejos, pierden la memoria”.
La solución pasa, según él, por generar estructuras de salud interculturales, que tomen en cuenta las especificidades del conjunto de la población. “En la medida en que esto no ocurra, solo serán palabras o buenas intenciones”, concluye.
