Por Francesco De Simone - Esta columna fue originalmente publicada en el blog GobernArte (@BID_GobernArte) del Banco Interamericano de Desarrollo BID.
Hace unas semanas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una base de datos de más de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca, un estudio jurídico panameño que se especializa en la creación de empresas fantasma (más de 215 000, según algunas estimaciones) para los ricos y poderosos de todo el mundo.
La publicación de estos documentos, que se filtró y llegó a manos de la prensa de forma anónima, estuvo acompañada de una ola de informes de investigación que pusieron en evidencia algunas de las estructuras corporativas que Mossack Fonseca ha ayudado a conformar. Esto, a su vez, ha generado una atención y un escándalo sin precedentes en la prensa, en los medios sociales y en las calles. Los Panama Papers ya han provocado la renuncia del primer ministro de Islandia. Los jefes de estado de una docena de otros países también están bajo la lupa, y parece justo decir que esto puede ser solo el comienzo.
Algunas reflexiones que ayudan a entender el escándalo.
Legal versus ilegal
Tal como han indicado algunos comentaristas, sin una investigación adecuada, es difícil determinar si alguna de las estructuras corporativas creadas por Mossack Fonseca fue utilizada para ocultar los productos de actividades ilegales. Para que exista “lavado de dinero”, la empresa fantasma tiene que estar vinculada con algún tipo de actividad ilegal, lo cual es llamado “delito predicado” por los especialistas. Por ejemplo, en la mayoría de las jurisdicciones, el uso de empresas fantasma para ocultar los productos de la evasión fiscal se consideraría lavado de dinero. Por el contrario, en la mayoría de los países, la creación de una empresa fantasma con el fin de comprar una propiedad en un país extranjero con fondos adquiridos legítimamente y que se han declarado ante las autoridades es legal.
En otras palabras, hay motivos perfectamente legítimos para crear una empresa fantasma.
A esta altura, no tenemos conocimiento suficiente sobre la mayoría de los casos revelados por el informe Panama Papers como para determinar si estas empresas fueron utilizadas para lavar fondos ilícitos. Sin dudas, algunas de las pruebas presentadas son bastante incriminatorias o al menos llamarán la atención. Sin embrago, es posible que muchos de los documentos filtrados estén relacionados con actividades legales.
Ético versus poco ético
Sin embargo, esta distinción entre lo legal y lo ilegal, mientras que es muy significativa para los abogados y sus clientes, es cada vez menos importante para el público en general. Hay una opinión global que crece día a día e implica que la falta de transparencia de las empresas fantasma es inaceptable. La información sobre las empresas debería ser de conocimiento público, especialmente en el caso de las figuras públicas y las personas que tienen cargos públicos. Para la opinión pública el problema ya no es qué cosas son legales y qué cosas son ilegales, sino qué cosas son éticas y qué cosas son poco éticas. Este es un gran cambio.
Tomemos el caso de la elusión fiscal y la evasión fiscal, ambas presentes en el tipo de empresas fantasma creadas por Mossack Fonseca. La evasión fiscal es ilegal por definición. Por otro lado, la elusión fiscal hace referencia a las medidas tomadas para escapar de una responsabilidad fiscal mediante el incumplimiento del propósito de la ley, pero no de su interpretación literal. Mientras que la elusión fiscal es técnicamente legal, las actitudes globales con respecto a ella claramente han tomado una dirección que indica que esto es inaceptable. Por último, tanto la elusión como la evasión sustraen recursos del tesoro público que se deberían utilizar para prestar servicios a las personas, quienes en su mayoría pagan los impuestos y no tienen dinero para pagar por los servicios de firmas como Mossack Fonseca.
Nos los llamen “Panama” Papers
A pesar de que algunas personas opinaron que Panamá funciona como un centro global de “financial secrecy”, aquellos que realmente comprenden el problema han hecho notar rápidamente que el caso de Panamá ciertamente no es el único. En una entrevista reciente, el director del ICIJ, Gerard Ryle, resaltó lo siguiente:
- Existen alrededor de 800 agentes de constitución de empresas como Mossack Fonseca en todo el mundo, de los cuales solo algunos están en Panamá.
- Los principales destinos elegidos por las personas que realizan lavado de dinero de todo el mundo son en realidad Estados Unidos y el Reino Unido (como lo expliqué en este blog).
En efecto, en todos los estados de EE.UU., cualquiera puede constituir una empresa sin revelar el nombre de la persona que efectivamente la controla (técnicamente conocida como el “propietario beneficiario”). La clandestinidad del propietario beneficiario es un requisito previo para el lavado de dinero. Los estados de Delaware, Nevada y Wyoming (donde Mossack Fonseca tenía “oficinas“) son muy conocidos por la opacidad corporativa que ofrecen.
En una fascinante investigación encubierta emitida hace unas semanas en 60 Minutes, Global Witness grabó videos en los que aparecían abogados conocidos explicando a clientes potenciales cómo esconder fondos mediante el uso de estructuras corporativas complejas (similares a las creadas por Mossack Fonseca), incluso en casos donde en el escenario quedaba claro que los fondos provenían de la corrupción.
Evidentemente, es necesario considerar el fenómeno internacional desde una perspectiva más amplia.
