Por Carlos Pimenta - Esta columna fue publicada originalmente en el blog Recaudando Bienestar del BID.
En el nuevo año hablamos siempre de resoluciones para mejorar. Para la mayoría de países de América Latina y el Caribe (ALC) esto incluye incrementar la productividad y mejorar la equidad social. Para ello se requiere fundamentalmente de un manejo eficiente del gasto gubernamental y una mejor calidad de las políticas públicas y de la gobernanza en general. Sin em
bargo, los gobiernos de ALC todavía carecen de una cultura de evaluación de políticas públicas que pueda retroalimentar el proceso de su diseño, presupuestación e implementación. El Panorama de las Administraciones Públicas 2017 es resultado de un trabajo conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que incluye 45 indicadores clave de la gestión pública en la región.
Los indicadores recogidos en esta publicación arrojan luz sobre la administración pública en sectores como: economía y finanzas públicas, empleo público, centro de gobierno, gobernanza regulatoria, gobierno abierto y digital y la contratación pública. La publicación levantó datos detallados de países como Argentina, Brasil, Haití, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; además de usar datos secundarios en algunos casos para otros países de la región.
En un análisis del tamaño del estado, el estudio concluye que el gasto público alcanza en promedio 31% del PIB en ALC, comparado con 41,5% en los países de la OCDE; sin embargo, esta diferencia viene disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto público aumentó en 4,7 puntos porcentuales en ALC, en comparación con un aumento de 2,5 puntos en la OCDE, acercando las dos regiones. Entretanto, el gasto público en la OECD alcanza alrededor de US$17.000 per cápita, y en ALC es menos que US$6.000 per cápita, un gran desafío para la formulación de políticas públicas en la región, para hacer más, con menos recursos. Específicamente en cuanto al gasto social, en 2014 ALC gastó alrededor del 8,7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que en el área de la OCDE fue 16,9%.
Alcanzar los retos económicos y sociales de ALC supone la necesidad de mejorar la gestión y la capacidad institucional del sector público, incluyendo la administración presupuestaria, para compensar la presión sobre los recursos públicos producida por la caída en los precios de las materias primas.
Durante la década anterior, América Latina y el Caribe combinaron crecimiento con una mejor distribución de los ingresos, apoyándose en condiciones externas favorables que facilitaron el crecimiento de la región y la gestión fiscal. En un escenario internacional menos favorable, los gobiernos deben mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público. Esto significa que deben diseñar e implementar mejor sus programas para maximizar los impactos en reducir la inequidad social y aumentar la productividad.
A pesar de los recientes progresos, ALC continúa siendo una región altamente desigual en términos de ingresos de los hogares, como lo demuestra el coeficiente de Gini de la región, de 0,49 después de impuestos y transferencias, contra 0,29 en países miembros de la OCDE. La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución de ingresos en ALC que entre países miembros de la OCDE dado el bajo impacto distributivo de los impuestos y sistemas de beneficios.
La inversión pública como porcentaje del PIB alcanzó en 2014 el 2,6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3,2% en la OCDE. Esto no es suficiente para lograr altas tasas de desarrollo económico y asegurar la infraestructura necesaria para el incremento de la productividad. Adicionalmente, los gobiernos de América Latina y el Caribe podrían contribuir a la productividad económica de la región reduciendo las barreras al comercio y a la inversión, las cuales son mucho más elevadas que en la OCDE. Las regulaciones del mercado de productos también tienden a ser más restrictivas en los países de ALC.
En cuanto a la calidad de los servicios públicos, la mayoría de los países de ALC actualmente posee un portal de ciudadanía nacional como punto único de acceso a los servicios estatales. Sin embargo, para acceder a todos los beneficios de estos portales, los distintos gobiernos podrían adoptar nuevas tecnologías, más transaccionales. Los gobiernos de la región de ALC se encuentran realizando esfuerzos por poner la información abiertamente a disposición del público. Sin embargo, podrían hacer más por facilitar su uso por parte de ciudadanos y comprometerse con ellos en el diseño de soluciones que cubran sus expectativas y necesidades.
En cuanto la calidad de los recursos humanos en el sector público en ALC, el uso de la selección y contratación competitiva basada en el mérito han mejorado en la región, mientras que la evaluación de desempeño y gestión de compensación todavía requieren un mayor desarrollo. En muchos países, la evaluación del desempeño tiende a tener un carácter formal por naturaleza, con un efecto limitado en el desempeño. El empleo público como porcentaje del empleo total promedia 12,4% en países de ALC, contra 21,6% en países miembros de la OCDE.
Así, entonces, ALC bien podría incluir en sus resoluciones para 2017 fomentar una cultura de evaluación de políticas públicas que puedan retroalimentar el proceso de una buena planificación a futuro, de diseño, presupuestación e implementación. Publicaciones como esta contribuyen con datos concretos, cuantitativos y comparables para mejorar las políticas públicas en la región.
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