La irrupción de una fuerza emergente como Podemos y de las numerosas marcas blancas que el partido del círculo avala y patrocina, son numerosos los analistas y observadores que han vuelto a sus orígenes intelectuales en busca de una terminología a la que se trata de dar significado y con ello entender la políticas que supuestamente adoptarán estas fuerzas políticas y que están reflejadas, con mayor o menor precisión, en sus programas electorales.
Con independencia de la preocupación que genera en círculos empresariales algunas de las medidas relacionadas con la revisión y cancelación de proyectos millonarios, aprobados o en marcha, lo primero que apuntan los observadores es el hecho de que tanto Colau como Carmena hayan utilizado como banderín de enganche el mundo de los desahucios, sin que los mismos supongan, ni de lejos, el mayor de los problemas a los que se enfrenta la sociedad española en donde se manejan cifras de escándalo sobre la pobreza como los utilizados por Cáritas. Sin embargo, la pobreza no cuenta con las posibilidades de visualización y de carga sentimental, entre la ciudadanía, como los scratches; dicho todo esto, sin minusvalorar lo más mínimo la tragedia de miles de familias que se han visto avocadas a situaciones extraordinariamente dolorosas, algo que desde las administraciones públicas y desde las mismísimas entidades de crédito se ha tratado de paliar con mejor o peor fortuna.
El hecho cierto es que Colau ha sido la gran activista e impulsora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), hasta el extremo de conseguir más de 1,4 millones de firmas para pedir al Parlamento un cambio en la ley hipotecaria, lo que la llevó al estrellato de la política. Carmena, por su parte, centraba todos sus primeros esfuerzos comunicacionales en utilizar los desahucios como piedra de toque, lo que quedaba reflejado cuando el mismo día en que era elegida como candidata por “Ahora Madrid”, el colectivo presentaba las cinco medidas más votadas dentro del proceso abierto a toda la ciudadanía para la elaboración de su programa electoral, siendo la primera de ellas el “poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional”.
Aceptado el axioma, los observadores tratan de bucear en una nueva terminología económica aportada por los partidos y marcas blancas emergentes, en la creencia de que muchos de sus vocablos llevan implícitos importantes cambios en la vida de los ciudadanos.
Centrando el análisis en las 45 páginas del programa electoral de “Ahora Madrid”, aunque el de “Barcelona en Comú” (BComú) es similar y se diferencia en las singularidades que le son propias a la capital catalana, el lector especializado comienza por descubrir que el concepto “ciudadano” cobra un sorprendente protagonismo en la medida que acompaña y adjetiva términos en donde tienen difícil encaje.
Es el caso de auditoria ciudadana cuando se habla de examinar “la deuda pública bajo control técnico y social, incidiendo en los sobrecostes de las obras públicas, los contratos de mantenimiento y de servicios, los alquileres `injustificados´ y los intereses de la financiación de la deuda”.
El concepto vuelve a aparecer a la hora de anunciar la creación de “un observatorio ciudadano de la corrupción” o de abordar la mejora de “la red de medidores de la contaminación y cerrar un pacto ciudadano por la gestión del aire” o de “crear un observatorio del agua y realizar una auditoría ciudadana de su gestión por parte del Canal de Isabel II”.
En algún texto firmado por miembros de colectivos afines a Podemos se ha tratado de definir el significado de auditoría ciudadana como “un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas”, definición muy alejada de la que apunta la, hasta ahora, ortodoxia económica que la reduce al hecho de “estudiar y analizar toda la documentación relativa a una empresa, institución u organismo para determinar si la información que ofrece la misma se corresponde con la situación real de su patrimonio, y para determinar si sus sistemas de gestión y producción son los correctos para el funcionamiento de la misma y la consecución de sus objetivos, siendo estas auditorías llevadas a cabo por empresas independientes”.
El concepto auditoria, aunque en este caso no es ciudadana” vuelve a aparecer cuando se aborda la retirada del Plan General de Ordenación Urbanística y paralizar las operaciones urbanísticas “especulativas de expolio de suelo y patrimonio público”, las cuales serán “auditadas”.
Les faltó tiempo a los adversarios de Carmena anunciar que ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y OHL se estaban jugando 5.000 millones de euros con Podemos si finalmente gobiernan las formaciones ligadas al partido emergente y se decide auditar los contratos integrales que gestionan estas compañías y fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas y grupos económicos. ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y OHL controlan el grueso de ese negocio, mas de 4.900 millones de los 8.000 afectados por los principales contratos en la capital de España y la ciudad condal.
Definitivamente las palabras las puede cargar el diablo.
