La revalorización de la industria cultural en Castilla y León

Castilla y León será, tras Andalucía y Cataluña, la comunidad autónoma que más ayudas percibirá -12,83 mi­llones de euros, de un total de 115,4 millones- para la revalorización de su industrial cultural, también conocida como el ‘Compo­nente 24’ del Plan de Recuperación, Transfor­mación y Resiliencia del Gobierno de España.

La idea, que se dio a conocer a principios de abril de 2022, es que reciba en este mismo año poco más de 11 millones de euros y el resto en 2023 para desarrollar todo el potencial del sector.

Así, la revalorización de la industria cultural consistirá, según la propia Junta de Castilla y León, en “recoger reformas e inversiones orientadas a fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales mediante el refuerzo de sus capacidades y resiliencia, promovien­do tres ejes estratégicos: la competitividad, la dinamización y cohesión del territorio, y la digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales”. Si bien, dentro de esta se encuentran diversos proyectos.

Concretamente, son seis: apoyo a aceleradoras culturales; ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas; actuación sobre el patrimonio de las comunidades autó­nomas, corporaciones locales y titulares pri­vados en la restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español; modernización de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales; digitalización del inventario del pa­trimonio de la iglesia católica, documentación de los bienes declarados BIC pertenecientes a otras administraciones o personas privadas y digitalización de bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español de titularidad pri­vada; y, por último, descripción y digitalización de fondos documentales de titularidad estatal y gestión autonómica. Según la información proporcionada por la Junta de Castilla y León, estos seis proyectos del ‘Componente24’, se­rán el marco para fortalecer la cadena de valor de la industria cultural.

Castilla y León contará con 12,83 millones euros para la revalorización de su industria cultural, siendo la tercera región que más dinero recibirá

El apoyo a aceleradores culturales, consistirá en que las empresas culturales puedan inver­tir en sus propios trabajadores, con el objetivo de que obtengan mejoras en emprendimiento y en financiación. “Esto -como dicta la propia Conferencia Sectorial de Cultura donde se dio a conocer su inversión europea- les permitirá crecer y desarrollar su potencial, sirviendo así de polo de atracción económico y generación de empleo”. Para ello, contarán con un total de 830.716,88 euros.

El segundo proyecto, el de las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas -dotado con 2.653.210,50 euros-, va dirigido a “dinamizar la actividad cultural de organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro” en el medio rural para que estas zo­nas tengan una mayor oferta cultural.

El tercero, el que más financiación tendrá - 8.227.160,18 euros- es la actuación sobre el patrimonio de las comunidades autónomas, corporaciones locales y titulares privados en la restauración y puesta en valor del patrimo­nio cultural español. Con esta iniciativa quieren que se revalorice y recupere el patrimonio cul­tural inmueble -según la UNESCO, esas obras arquitectónicas de valor que no puedan tras­ladarse- y que, de este modo, haya una mayor cohesión social y económica.

El cuarto proyecto, la modernización de las infraestructuras de las artes escénicas y mu­sicales, pretende que haya una inversión para rehabilitar edificios. Se contempla también la modernización de: “sistemas digitales de au­dio y comunicaciones en red, de iluminación digital, de vídeo digital, de gestión digital de maquinaria escénica, así como las herramien­tas y sistemas digitales de gestión artística y de producción de espectáculos”. Esta iniciativa tendrá una financiación en Castilla y León de 777.062,61 euros.

El quinto, con 200.000 euros exactos de inver­sión, irá a la digitalización del inventario del pa­trimonio de la iglesia católica, documentación de los bienes declarados BIC pertenecientes a otras administraciones o personas privadas y digitalización de bienes pertenecientes al Pa­trimonio Histórico Español de titularidad priva­da. Como su propio nombre indica, se preten­de “modernizar, a través de la digitalización, la gestión de las diversas herramientas que la le­gislación estatal y las diferentes legislaciones autonómicas han establecido para la protec­ción y el control administrativo de los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Espa­ñol, y conseguir de esta forma una gestión más eficiente, clara y moderna”.

Y, por último, la descripción y digitalización de fondos documentales de titularidad estatal y gestión autonómica, tiene un doble objetivo. Primero, digitalizar los Archivos Estatales y de la gestión documental -todo ello, en el con­texto del desarrollo de la administración elec­trónica y de la digitalización de las Administra­ciones Públicas- para que cualquier ciudadano castellanoleonés puede “consultar testimonios culturales relativos a su memoria, historia e iden­tidad”. El segundo objetivo busca “fomentar la di­fusión nacional e internacional de la información histórica de carácter institucional que custodian los archivos españoles de titularidad estatal y gestión autonómica a través de distintos repo­sitorios digitales”. Este sexto y último proyecto contará con una inversión en Castilla y León de 143.675,26 euros.

El impacto de la pandemia en el sector cultural

Desde el propio Plan de Recuperación, Transfor­mación y Resiliencia se indica que, antes de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la industria cultural española representaba “el 3,2 % del PIB en España y proporcionaba empleo a 710.200 personas, lo que suponía un 3,6 % del empleo total del país”. No solo eso: estos datos vienen creciendo desde 2013. Por lo que, a falta de datos de 2022, y con la reciente vuelta a la “normalidad”, sería poco injusto señalar la caída de datos de una industria que, por lo general, ha sido afectada como las demás.

Por otro lado, indican desde la publicación, la participación cultural de la población mostraba antes de la pandemia del COVID-19 “elevados indicadores anuales en actividades culturales como escuchar música, leer e ir al cine, con tasas del 87,2 %, el 65,8 % y el 57,8 % respectivamente”.

Así, estas actividades eran seguidas en intensi­dad por la visita a monumentos, que realizaba cada año el 49,3 % de la población, la asistencia a museos o exposiciones, 40,5 % y 29,8 %, res­pectivamente, o la asistencia o acceso por Inter­net a bibliotecas, 26,8 %. Cada año, el 46,8% de la población participa en espectáculos en directo de artes escénicas o musicales.

Y todo esto, antes de la pandemia. Sin embargo, a pesar de estos datos, y aunque aseguren que “el peso significativo de la cultura en la economía española es incuestionable”, el sector cultural tiene en España “una serie de características es­tructurales que le han impedido desarrollar todo su potencial”.

Actualmente, a falta de datos oficiales, las Industrias Culturales y Creativas (conocidas como ICC) aportan el 2,4 % del PIB español

Así, de las 127.581 empresas que existían antes de la pandemia, cifra que suponía el 4 % del con­junto de empresas españolas, el 67,1 % no tenía ningún asalariado, un 26,7 % eran empresas pe­queñas (entre uno y cinco empleados), un 6 % eran medianas (entre seis y 49 asalariados) y tan solo un 0,5 % daba empleo a más de 50 perso­nas. “La mayor parte de ellas -informan-, concre­tamente el 85 %, se dedicaba a actividades de la industria o los servicios, tales como actividades de edición, de bibliotecas, archivos, museos, ci­nematográfica, de vídeo, de radio y televisión, o las artísticas y de espectáculos entre otras, y el 15 % restante, en actividades vinculadas al co­mercio o alquiler de bienes culturales”.

Este síntoma, la presencia de autónomos y mi­cropymes, ha impedido al sector cultural, según el Gobierno de España, “hacer frente a una serie de retos que deben abordarse para fomentar la competitividad, dinamización y cohesión territo­rial del ecosistema cultural” como puede ser el crecimiento y el empleo, la innovación, la inter­nacionalización, la formación o una verdadera transformación digital o transición ecológica.

“Además -inciden-, existen una serie de caren­cias en el ámbito legislativo que deben de ser abordadas con el fin de mejorar el marco regula­torio de la cadena de valor artística que va desde la protección de la propiedad intelectual hasta los derechos de los propios artistas”.

Por todo ello, la industria cultural española, a todos los niveles, contaba con “fragilidades es­tructurales” que, en un momento de crisis como el de la pandemia, hizo que el sector fuera “es­pecialmente vulnerable”.

De hecho, el cuarto trimestre de 2020, utilizado por el Plan de Transformación para ilustrar la si­tuación crítica del sector, indica que el empleo cultural se situó en 652.000 personas, cifra que representa un descenso interanual respecto al mismo trimestre del año anterior del 8,6 % y que, en conjunto, si se comparan los datos obtenidos en el 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, supone un descenso interanual del 5,9 %. “Asimismo, el descenso en el número de visi­tantes tanto nacionales como internacionales ha repercutido negativamente en el sector cultural al disminuir el número de consumidores de los productos y recursos culturales”.

De ahí la importancia de este plan de revalori­zación de la industria cultural en España. Ac­tualmente, las Industrias Culturales y Creativas (conocidas como ICC) aportan el 2,4 % del PIB español.