El 19 % de los delitos de odio en España van dirigidos contra personas LGTBI. De esos, más de la mitad son cometidos a través de Internet y las redes sociales. Estos han sido algunos de los datos sobre los que se ha puesto el foco en la jornada que ha organizado la Secretaría de Estado para el Avance Digital para abordar la defensa de los derechos de las personas en internet, en el marco de la semana del Orgullo LGTB
El problema que hay que afrontar está claro. Tal y como ha señalado Francisco Polo, secretario de Estado para el Avance Digital, “los mensajes de odio y discriminación encuentran en los canales digitales un vehículo para extenderse y proliferar, y esto pone en peligro la cohesión de una sociedad democrática”.
En la misma línea ha ahondado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, quien ha insistido en “la constatación de que los dos medios más empleados para difundir el discurso del odio en nuestro país han sido internet y las redes sociales”. Además, ha aprovechado la clausura de la jornada para expresar el compromiso del Gobierno por “seguir profundizando en la dimensión social, política, humanista, de valores y derechos, de la transformación digital”.
La solución está en atajar el problema en la raíz. “Necesitamos mejorar nuestra educación sobre el uso responsable de internet y las redes sociales, para que sea libre de sesgos y prejuicios –ha apuntado Polo–. La educación es fundamental para formar a las futuras generaciones dentro de la tolerancia y el respeto a los demás”.
“España es uno de los países más abiertos de nuestro entorno –ha continuado el secretario de Estado– Tenemos un Gobierno igualitario, una sociedad que en términos generales acepta las diferencias de identidad sexual y de género, y una carta magna que en su artículo 14 deja bien claro que todos los españoles somos iguales ante la ley. Pero, a pesar de los avances conseguidos, queda mucho por hacer hasta erradicar definitivamente la discriminación en nuestro país”.
También Ignacio Sola, director General de Igualdad, ha subrayado la necesidad de “trabajar con los jóvenes para que sean agentes activos del cambio, a través de la construcción de contranarrativas frente al discurso del odio”.
Se trata, ha defendido la ministra Calviño, de que «nos concienciemos todos, el conjunto de la sociedad, de la necesidad de tener una posición combativa y activa de protección de los derechos de los ciudadanos porque en definitiva protegiendo a cada uno de nosotros lo que estamos haciendo es construir una sociedad mucho mejor para nuestros hijos y nuestros nietos».
Diversos puntos de vista
En ese línea han discurrido las distintas mesas redondas y ponencias de la jornada de ayer. En el salón de actos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital se han compartido algunas de las mejores prácticas en la lucha contra el odio y la discriminación a través de la red, abordando también la cuestión desde un ángulo jurídico.
Se ha llevado a cabo una mesa redonda en la que han participado Rubén López, director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia; Carlos Morán Ferrés, jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior; Montse Ramírez, responsable de Comunicación de Campañas y Proyectos de FELGTB; y Laura Díez Bueso, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y experta internacional en Derechos Humanos de Naciones Unidas. La mesa ha sido moderada por Marta Fernández Herraiz, fundadora de la plataforma Lesworking y co-directora de REDI, la red empresarial por la diversidad e inclusión LGTBI en España.
Posteriormente han impartido sendas conferencias Juan Carlos Pereira Kohatsu, autor de Hater Net, y Almudena Sanz Olivé, científica de datos de Graphext, dos herramientas tecnológicas de referencia en la detección de discurso de odio en Internet.
La presentación se ha completado con una mesa redonda en la que se ha profundizado en el ámbito jurídico del desafío de la protección de derechos de las personas en Internet. Su moderador ha sido Nicolás Marugán, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU entre 2016 y 2018, y en ella han participado Miguel Luengo-Oroz, científico de datos jefe de UN Global Pulse; Carmen Girón Tomás, consejera técnica del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia; Patricia Rodríguez Lastras, fiscal adscrita a la Fiscalía de Criminalidad Informática; e Ignacio Sola, director General de Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
“Los jóvenes son los principales receptores y emisores de discurso de odio. Tenemos que trabajar para que se conviertan en los agentes activos del cambio”, ha apuntado Sola, para concluir. “El discurso de odio antecede a la comisión de un delito. Si esperamos a que se produzca ese delito, habremos fracasado”.
