El próximo mes de abril está previsto que entre en vigor la nueva Ley de Patentes, un importante cambio que afecta a multitud de sectores, y que nace con dos objetivos principales: dotar de mayor seguridad jurídica a las patentes concedidas y facilitar los procesos desde que ésta se solicita hasta que finalmente se concede. Asimismo, otro de los objetivos de esta nueva normativa es asemejar el ordenamiento jurídico español en este ámbito con el de los vecinos europeos.
Uno de los cambios de más hondo calado de la nueva ley vendrá de la mano de su sistema único de concesión de patentes con examen previo de novedad y actividad inventiva. En opinión de Patricia Ramos, directora de Patentes de PONS IP, este cambio “reforzará la seguridad jurídica de las patentes concedidas y fomentará la producción de patentes más fuertes desde nuestro país” ya que, tal y como ha apuntado, actualmente el 92% de las solicitudes de registro en España con la actual normativa se realizan por el procedimiento general de concesión, sin examen previo.
En este ámbito también destaca la figura de los Modelos de Utilidad, que amplía el ámbito de protección bajo esta modalidad, como una alternativa para ciertas invenciones. Así, Ramos ha explicado que, al no requerir de examen previo “podría ser una alternativa eficaz, más rápida y económica respecto a la opción de la patente en ciertas innovaciones”.
La directora de Patentes de PONS IP también ha destacado que la futura ley a punto de entrar en vigor, busca “simplificar y hacer más fácil la tramitación de las solicitudes de patentes, ordenando la dispersión normativa actual” en consonancia con lo que fija el Convenio de la Patente europea. Asimismo, y dentro de esta dinámica facilitadora, también ha destacado el compromiso explícito por parte de las Oficinas de Registro de poder tener el Informe del Estado de la Técnica (IET) antes del año, dentro del período de prioridad.
Universidades públicas e invenciones
La futura ley que reemplazará a la actual, que data de 1986, también incluye novedades que afectan a las universidades. Por ejemplo, se eliminarán la exención de tasas para los centros públicos. No obstante, tal y como ha recordado Patricia Ramos, éstas tendrán una bonificación del 50%, “que será del 100% siempre que acrediten que la invención ha llegado al mercado a través de licencias de explotación, por ejemplo».
Finalmente, otros de los aspectos más llamativos de esta normativa son que, por primera vez, se podrá proteger una invención como secreto industrial y que el investigador podrá participar en los beneficios que se obtenga de la explotación o de la cesión de sus derechos, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial.
