Aunque parezcan dos términos antagónicos, no lo son en absoluto. El concurso de acreedores es una herramienta de reestructuración de gran valor para empresas de cualquier tamaño y sector, incluyendo las de reciente creación o startups. De sobra es conocido que la tasa de mortalidad de empresas jóvenes es muy elevada, un fenómeno que es inherente al propio ecosistema emprendedor, pero tal vez no lo sea tanto que el concurso de acreedores puede servirles para evitar su liquidación e incluso salir reforzadas para afrontar una nueva etapa de negocio.
La joven empresa catalana de guías de ocio Salir y Ocio, dueña de www.salir.com, se declaró en concurso voluntario de acreedores el 30 de septiembre de 2015. Durante los ocho meses de tramitación del proceso y en colaboración con su administrador concursal y abogados, la sociedad ha logrado reestructurarse en el marco de un nuevo plan de negocio. A finales de junio se publicó la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona, que hacía efectiva la salida de la empresa de su situación concursal —tras haberse aprobado el convenio por el 85% de sus acreedores— que supondrá la continuidad y desarrollo de la actividad.
Ciertamente, comprobamos que cada vez más startups, inmersas en situaciones societarias complicadas, se acogen al régimen de insolvencia con la expectativa de materializar una esperada rueda de financiación para conseguir fondos y solventar sus tensiones puntuales de liquidez. La solicitud del 5 bis, y la posterior solicitud del concurso voluntario de acreedores si se precisa, concede a la startup un tiempo adicional necesario para realizar una correcta ronda de financiación o para negociar una quita o espera con sus acreedores, de manera que pueda encarar su futuro con solidez.
Por otra parte, si en general el concurso conlleva una depreciación de la marca, la pérdida de clientes o un coste reputacional, el impacto no es el mismo sobre las firmas de reciente creación que sobre las más maduras, pues muchas apenas han empezado a facturar y su marca no está consolidada.
En particular, el concurso de acreedores es muy útil en el valle de la muerte, la fase en la que la startup fracasa y muere. Esta etapa transcurre desde que se inicia el proyecto y se incurre en los primeros gastos, hasta que se alcanza el punto de equilibrio (breakeven). Hasta aquí, las empresas han buscado, al menos, financiación Seed o semilla (la procedente de las tres F —family, friends & fools— o business angels) o una primera ronda de financiación (serie A). Pero en este punto, la sociedad no tiene todavía ingresos o estos son marginales, por lo que puede llegar a la insolvencia o agravarla si definitivamente no llega a conseguir dinero profesional (como el venture capital). Además de la liquidación, los impagos podrían incluso conllevar responsabilidad de los administradores societarios por la falta de tiempo para lograr financiación.
Obviamente, no todas las startups que acudan al concurso van a superar su situación de crisis —de hecho, la incertidumbre siempre está ligada a cualquier proceso concursal—, pero si el caso se prepara de manera concienzuda con los asesores adecuados y se orienta desde el origen a la búsqueda de opciones de futuro frente a la mera tramitación o postura cómoda de la liquidación, las probabilidades aumentan con creces.
Actualmente, sólo un 5% de los concursos se saldan mediante convenio frente al 95% que acaban en liquidación. Nuestra visión es que esta proporción pueden virar en positivo si la startup cuenta con el apoyo de una Administración Concursal que prioriza la búsqueda real de la viabilidad de la empresa. El comienzo sería solicitar a tiempo el concurso para conseguir una ventana temporal para negociar entradas de capital y reestructurar el pasivo, lo que puede abrir todo un horizonte de posibilidades para realizar ajustes en el modelo de negocio sin la presión y asfixia financiera que existe fuera de la protección de la ley concursal y con poco impacto en la marca.
Se trata, en definitiva, extender al segmento de las startups la orientación más anglosajona que se promueve desde la UE y que concibe la insolvencia como un momento propicio para reestructurar la empresa y conseguir que sobreviva, aunque en el camino haya que tomar medidas duras, además de responder a los derechos de los acreedores.
