El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Impuesto Digital (conocida como Tasa Google), con el que se pretende aplicar un gravamen del 3 % a actividades que actualmente están fuera del sistema tributario: servicios de publicidad online; servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información de usuarios
Con este impuesto indirecto se prevé alcanzar una recaudación de 968 millones de euros al año. Se trata de una revisión a la baja respecto a la anterior cifra que manejaba el Gobierno: 1200 millones de euros. El descenso se debe, ha señalado la ministra María Jesús Montero, a “la ralentización de la economía y a las series que otros países, con la puesta en marcha del impuesto, nos han permitido visualizar”.
La responsable de la cartera de Hacienda y portavoz del Gobierno ha señalado que, en relación con este nuevo impuesto sobre servicios digitales o Tasa Google, trabajan también a nivel internacional. Cuando se produzca un consenso en este sentido en el marco de la OCDE o el G20, España adaptará su legislación interna.
En clave interna
De momento, al igual que hacen Francia, Italia o Reino Unido, nuestro país ha decidido dar pasos para avanzar en clave interna, lo cual acerca, en opinión de Montero, el esperado acuerdo internacional sobre la Tasa Google para establecer “una fiscalidad adaptada al siglo XXI”.
Queda por ver si hay reacción de Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer medidas arancelarias (hasta del 25 %) sobre las importaciones de aquellos países que pongan en marcha la Tasa Google. Dicha situación puede perjudicar especialmente al sector primario.
En España el nuevo gravamen afectará a empresas que tengan un negocio superior a 750 millones de euros a nivel mundial e ingresos derivados de su actividad de más de 3 millones de euros en el ámbito nacional.
Con estos umbrales se pretende dejar fuera a las pymes y a las startups, sectores que, según la ministra, quieren proteger. El impuesto se liquidará con periodicidad trimestral, pero el primero año se realizará un único pago previsto para diciembre de 2020.
En La Zarzuela
En el Consejo de Ministro de ayer, celebrado tanto en La Zarzuela como en el Palacio de La Moncloa, también se ha aprobado la Tasa Tobin, dando luz verde así a dos nuevas figuras tributarias iniciadas en la legislatura anterior –y paralizadas por la convocatoria de elecciones–. Con la suma de ambos impuestos se espera recaudar unos 1800 millones de euros.
Todos los miembros del Gobierno han asistido a una reunión en la que han informado al jefe del Estado de las principales líneas de actuación del Ejecutivo durante la legislatura. Es la primera vez que Felipe VI preside el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la segunda desde su proclamación en el año 2014. Tras este Consejo de Ministros en La Zarzuela, Sánchez presidió en el Palacio de la Moncloa una reunión ordinaria del Gabinete, con carácter decisorio.
Sandbox y servicios electrónicos
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley para la creación de un sandbox o espacio controlado de pruebas, para acompañar la transformación digital del sistema financiero. El proyecto, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, pretende establecer un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador en el ámbito financiero se desarrolla de forma eficaz y segura para los usuarios.
Del mismo modo, se ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, por el que adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario. Se refuerza así la seguridad jurídica y se da un paso más en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y la sociedad, en beneficio de los ciudadanos, señalan desde la Administración del Estado.
